Los recursos hídricos son un bien que pertenece al pueblo de México y resultan esenciales para la vida y el desarrollo de las comunidades, afirmó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, al abordar la reciente aprobación de la nueva Ley General de Aguas Nacionales durante su conferencia matutina semanal. La mandataria destacó que la Constitución respalda esta visión y que la actualización del marco legal era urgente.

En ese contexto, expresó su total respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum por impulsar una reforma que reconoce el agua como un derecho humano y que tiene como propósito frenar prácticas históricas de acaparamiento, especulación, sobreexplotación y el mercado negro. Señaló que por décadas unos pocos concentraron este recurso vital, generando desigualdad en su acceso.

Marina del Pilar explicó que las modificaciones surgieron de un proceso de diálogo permanente en mesas de trabajo integradas por sociedad civil, sectores productivos, gobierno y distritos de riego. Este ejercicio permitió escuchar inquietudes, aclarar dudas y corregir interpretaciones erróneas que surgieron durante la discusión legislativa.

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La gobernadora subrayó que la nueva ley no impide heredar propiedades con concesiones ni prohíbe la venta de tierras con títulos vigentes. También aclaró que no habrá revocaciones automáticas, no se criminalizará a pequeños productores y no se restringirá el traslado de agua para actividades agropecuarias. Por el contrario, la reforma reconoce los derechos históricos de pueblos indígenas y sistemas comunitarios tradicionales.

Asimismo, rechazó versiones que señalan que la legislación es una forma de expropiación o un mecanismo para favorecer a grandes empresas o entregar agua a Estados Unidos. Aseguró que el verdadero objetivo es revertir la mercantilización del agua heredada de la ley de 1992 y evitar abusos que por años afectaron a comunidades y productores.

Finalmente, Marina del Pilar reiteró que la nueva Ley General de Aguas Nacionales representa un paso decisivo para garantizar un manejo responsable, equitativo y sustentable del agua en México, colocando siempre al centro el bienestar de la ciudadanía y la protección de los recursos naturales del país.