Para nadie en Baja California es un secreto las intenciones de Jaime Bonilla de regresar al poder en 2027. No busca hacerlo él directamente, pues el desgaste de sus años como gobernador no lo dejaron precisamente bien considerado entre la población, sino mediante dos de sus avatares políticos: Monserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana, y Jesús Alejandro Ruiz Uribe, exdelegado del Bienestar removido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

No obstante, la intentona podría frustrarse pese a que faltan meses para el arranque del proceso interno de Morena para elegir a sus candidaturas a gubernaturas, ya que una sombra se posa sobre los operadores bonillistas, quienes durante el fin de semana sufrieron varias heridas en la imagen pública debido a que diversos medios de comunicación expusieron evidencias de su participación en tramas de corrupción.

Con respecto a la exalcaldesa Monserrat Caballero, volvió al ojo público uno de los casos más polémicos de su gobierno: la Fiscalía Anticorrupción consiguió nuevas vinculaciones a proceso relacionadas con la fallida compra del sistema de armonización contable que le costó al gobierno de Tijuana más de 93 millones de pesos, y nunca funcionó.

Las sospechas se ciernen sobre Caballero. La acusación inicial fue contra su exdirector de Transparencia, Conrado Macfarland (familiar de Karla Ruiz Macfarland, exalcaldesa interina de Arturo González Cruz). Pero ahora se suman: Raymundo Vega Andrade, extesorero; Eduardo Franco Bustos, exdirector de Recursos Materiales, y Marcelo Machain, exoficial mayor, todos señalados por participar en la adjudicación directa a la empresa Management Technology Innovations, S.C., sin estudios técnicos, ni soporte jurídico y con un sobrecosto evidente frente a lo que la misma compañía cobraba en otros municipios.

Estas vinculaciones delinean una trama de corrupción que causó un agujero enorme en el erario y que, si continúa jalando el hilo la Fiscalía Anticorrupción del Estado a cargo de Javier Salas Espinoza, dejarían a Montserrat Caballero fuera de cualquier posibilidad de representar a Morena.

Por su parte, no es mejor la situación de Jesús Alejandro Ruiz Uribe, conocido entre sus amigos como el Cachorro. Medios locales han revelado que en junio de 2023, cuando aún era delegado del Bienestar, vendió un terreno de 3,682 metros cuadrados en Mexicali por 11 millones 172 mil 840 pesos a Altitud 3 Inmobiliaria, propiedad de Milton Adán Rubio Díaz, quien fue director de la desaladora impulsada durante el gobierno de Francisco "Kiko" Vega y uno de los principales operadores del exgobernador.

Marina del Pilar vuelve a hablar de fuego amigo y apunta al grupo de Jaime Bonilla

A pesar de la relevancia del comprador y del monto millonario, Ruiz Uribe ocultó la operación en sus declaraciones patrimoniales de 2023, 2024 y 2025, manteniendo el predio como propio y valuado en apenas 2.9 millones de pesos, incluso cuando en ese mismo terreno ya se construyen 46 departamentos con precios que llegan hasta los 5 millones de pesos cada uno.

La conexión entre Ruiz Uribe y un operador clave del polémico proyecto de la desaladora de "Kiko" Vega, sumada al ocultamiento reiterado de ingresos, configura un potencial caso de enriquecimiento oculto, y también un entramado político y económico que se agrava seriamente si se considera que Milton Adán Rubio Díaz era parte del padrón oficial de la Secretaría del Bienestar y recibió recursos públicos de esa dependencia.

Las omisiones de Ruiz Uribe están consideradas como una falta administrativa grave, que podrían concluir en la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante mucho tiempo. Además de reventar el mito en torno a su figura de que es un izquierdista duro y puro, incapaz de cometer los mismos pecados de los neomorenistas (panistas antes de 2018).

La gobernadora morenista Marina del Pilar.

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A todo lo anterior hay que sumarle la reciente operación mediática surgida en contra del morenismo de Baja California y que se especula habría surgido desde las oficinas de Ruiz Uribe, con capital obtenido por los cabilderos de Jaime Bonilla y que ha golpeado sistemáticamente a la gobernadora Marina del Pilar (la única gobernadora de los 32 en todo el país sin visa norteamericana y con sanciones del Departamento del Tesoro).

Esa operación mediática ha golpeado también a otras corcholatas morenista que ya se han apuntado rumbo a la elección del 2027, entre los que se encuentran la senadora Julieta Ramírez e Ismael Burgueño, alcalde de Tijuana, líderes por mucho en todas las encuestas para la candidatura del obradorismo en la gubernatura. Este último vivió semanas de tensión luego que se supo de una denuncia anónima en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero.

Las acusaciones y la insistencia en el ataque a sus compañeras y compañeros de partido pronto podrían frustrar los planes de Bonilla, pues tanto Sheinbaum Pardo como Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, han sido muy claras en la plataforma que su partido tendrá para el 2027: unidad partidista y marginar a perfiles señalados de ilegalidades. No sería el primer bonillazo: en 2023 fue la propia Claudia Sheinbaum quien, por la mala fama, hizo a un lado al grupo de Bonilla en favor del grupo de Marina del Pilar.