La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda instruyó una revisión exhaustiva de posibles relaciones contractuales entre el Gobierno de Baja California y empresas recientemente incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 

La medida contempla que la Oficialía Mayor verifique los antecedentes y remita los expedientes correspondientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. La OFAC anunció el 29 de septiembre sanciones contra personas y empresas a las que el gobierno estadounidense vinculó con redes del Cártel de Sinaloa.

La mandataria estatal señaló que las contrataciones deben analizarse con base en la situación jurídica y los registros disponibles al momento en que fueron celebradas, por lo que la nueva información conocida en 2026 será revisada por las autoridades competentes. "Cuando se contrató, se hizo conforme a la información y la situación jurídica entonces disponibles", sostuvo, al señalar que en ese momento no existían, según el Gobierno estatal, impedimentos legales para celebrar dichos actos.

Marina del Pilar indicó que la instrucción al gabinete consiste en revisar cualquier antecedente contractual, determinar si existió alguna vulneración o riesgo operativo o patrimonial y colaborar con las autoridades competentes. La gobernadora agregó que la revisión permitirá establecer, con base en documentación, si hubo alguna irregularidad que deba ser investigada conforme a la legislación aplicable.

Marina respondió al Departamento del Tesoro de EU: "Con la conciencia tranquila, fuerte, firme y de pie"

Como medida preventiva, el Poder Ejecutivo estatal determinó que ninguna persona física o moral señalada por autoridades nacionales o extranjeras por presuntas actividades ilícitas podrá participar en licitaciones estatales mientras no aclare formalmente su situación jurídica ante las instancias correspondientes.

En materia de seguridad pública, el Gobierno de Baja California precisó que los contratos referidos estuvieron relacionados con equipamiento, suministros e infraestructura técnica para fortalecer las operaciones. También señaló que el resguardo, custodia y administración de los sistemas y bases de datos institucionales corresponden exclusivamente al personal facultado de las corporaciones de seguridad, por lo que descartó una vulneración a la información de la ciudadanía.

La administración estatal añadió que organismos como la Fiscalía General del Estado cuentan con autonomía constitucional, presupuestal y de gestión administrativa para sus procesos de compra y resguardo documental. Marina del Pilar afirmó que la revisión deberá realizarse con documentación y sin prejuzgar: "Lo responsable es revisar, documentar y actuar. Si de esta revisión surge alguna irregularidad, deberá procederse conforme a la ley".