La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció la firma de una iniciativa para eliminar el Fideicomiso Empresarial (Fidem), con lo que se pondría fin al manejo de alrededor de 180 millones de pesos anuales por parte del sector privado. Estos recursos, explicó, serán destinados a la mejora de la infraestructura educativa en el estado, una decisión que considera prioritaria para el desarrollo de talento y oportunidades en la región.

Durante su conferencia matutina, la mandataria precisó que, en lo que se aprueba la iniciativa en el Congreso del estado, ya se cuenta con una bolsa aproximada de 380 millones de pesos que incluye los terrenos entregados por el exgobernador Jaime Bonilla como parte del pago de un adeudo al fideicomiso. Afirmó que los recursos públicos deben ser utilizados para atender las verdaderas necesidades de la población, siendo la educación una de las más urgentes.

Ávila Olmeda no especificó si hubo comunicación previa con el sector empresarial antes del anuncio, pero agradeció de manera general a dicho sector. "Sé que todos estamos de acuerdo en que no hay mejor inversión que la que se hace en educación", comentó.

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El Fidem, creado en septiembre del 2000, era un fideicomiso público de administración que gestionaba el 5% de los ingresos generados por el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal. Su administración estaba a cargo de los Consejos de Desarrollo Económico, integrados mayoritariamente por empresarios.

Desde su llegada al cargo, Marina del Pilar había planteado su interés en modificar el destino de los fondos del Fidem. En julio de 2024, expresó públicamente que se analizaba redirigir los recursos hacia insumos e infraestructura en beneficio de toda la población. También en diciembre de 2021, apenas asumido el cargo, había mencionado la necesidad de asegurar un uso más social y transparente de estos fondos.

Con la eliminación del Fidem, la administración estatal busca garantizar que los recursos públicos sean visibles en proyectos concretos que impulsen el desarrollo educativo y social. La propuesta aún deberá pasar por el proceso legislativo, pero representa un cambio de enfoque en la gestión de fondos públicos, alejándose del control empresarial para enfocarse en objetivos comunitarios.