La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se pronunció sobre el allanamiento de una vivienda atribuido a presuntos integrantes de la Guardia Nacional, al señalar que su administración está atendiendo el caso y colaborando con las instancias correspondientes para que se esclarezcan los hechos y se deslinden responsabilidades.

Durante su conferencia matutina, la mandataria estatal indicó que, ante la presunción de participación de elementos federales, la investigación quedó en manos de la autoridad competente, con la apertura de carpetas tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Fiscalía General de la República, además de la intervención del Órgano Interno de Control de la propia Guardia Nacional.

El secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, Laureano Carrillo Rodríguez, explicó que hasta el momento la investigación continúa en curso y que aún no se puede confirmar si los responsables eran agentes activos de dicha corporación o personas que portaban uniformes similares, por lo que se mantiene una coordinación permanente con el enlace de la Guardia Nacional en Baja California.

Ismael Burgueño defiende uso de cámaras corporales para transparentar la actuación policial

Tanto la gobernadora como el funcionario estatal subrayaron que no se encubrirá a ningún servidor público y que, en caso de confirmarse responsabilidades, se aplicará la ley con firmeza. Se recordó que el gobierno estatal ha impulsado procesos de profesionalización y depuración policial, con sanciones, suspensiones y bajas definitivas de elementos involucrados en actos contrarios a la ley.

En este contexto, las autoridades estatales reconocieron que existen al menos otros tres casos similares registrados recientemente, dos de ellos en Tijuana y uno más en Tecate. De acuerdo con la información oficial, todos han sido verificados y se encuentran bajo revisión, diferenciando aquellos hechos que corresponden a cateos legales de posibles actos irregulares.

Finalmente, Marina del Pilar afirmó que su gobierno mantiene contacto directo con las víctimas para brindar acompañamiento institucional y garantizar el seguimiento de las investigaciones, reiterando que, aunque se trata de hechos aislados, es fundamental aclararlos a fondo para preservar la confianza ciudadana y asegurar que ninguna institución de seguridad actúe fuera del marco legal.