Ante el constante temor de la privatización del agua en Baja California, la gobernadora Marina del Pilar fue cuestionada sobre la inversión para construir la planta desaladora de Playas de Rosarito, proyecto retomado después de haber sido foco de varias controversias, a lo que la mandataria clarificó que al retomar el proyecto este sí vendrá de recursos públicos, tanto del gobierno Federal como estatal.

Lo anterior debido a que al inicio de la administración del exgobernador panista Francisco Vega de Lamadrid el contrato para la construcción de la planta desaladora de Rosarito fue un proyecto en modalidad de Asociaciones Público Privadas, el cual fue cancelado de forma unilateral por la administración de Jaime Bonilla debido a una demanda de arbitraje por 51 millones de dólares por parte de la empresa entonces encargada del proyecto, Consolidated Water.

Lo que poco después escaló hasta una reforma al agua en esta última administración que abría la puerta a la privatización de este servicio y la entrega de los organismos operadores del líquido a los municipios, una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los funcionarios locales demandaron al Congreso local por haber violentado el proceso legislativo al no haber comunicado a los ayuntamientos, con cinco días de anticipación, sobre la reforma, lo que también violó el artículo 115 constitucional que contempla tomar en cuenta a los involucrados.

El agua y Jaime Bonilla tienen una larga historia que aqueja a toda la ciudadanía bajacalifornia, ya que con lo anterior poco después comenzó la polémica debido a la construcción de una planta cervecera de la compañía Constellation Brands que tras una larga disputa liderada por organizaciones ecologistas, lograron frenar la construcción de esta planta que habría consumido 44% del agua de la ciudad.

Ambientalistas y ejidatarios de la región miembros de colectivos de Mexicali manifestándose en contra de la empresa cervecera. 

Cuartoscuro

Pese a lo que muchos consideraron una victoria, hubo fuertes críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador por convocar al plebiscito aún en medio de las primeras acciones ante la pandemia del coronavirus Covid-19, ello para la iniciativa privada y el Consejo Coordinador Empresarial. Decisión de la administración de López Obrador que significó un duro golpe a la confianza en el mandatario.

Con lo que se concluyó que la planta cervecera, en efecto, ponía en riesgo el acceso al agua de la población y de los agricultores del Valle de Mexicali, lo que reforzó la teoría de que existió corrupción en los permisos otorgados a la empresa en 2017.

Tras esta historia, la actual gobernadora morenista ha intentado limar asperezas presentando una serie de acciones que permitirán garantizar un abasto suficiente de agua para las familias del estado que muchas veces se veía interrumpido con el uso de tandeos, reforzando el miedo a la limitante de este recurso que es un derecho humano.

No obstante, Ávila Olmeda reconoció que el abasto de agua sigue siendo un reto sobre todo para los estados del norte del país, ya que actualmente la única fuente de agua en el estado es el Río Colorado, y puntualizó que es vital buscar otros mecanismos de abastecimiento, sobre todo para la zona costa.

En cuanto a la inversión total del proyecto, la mandataria admitió que aún se desconoce cuál será el monto final, pues apenas el domingo pasado se confirmó la compra de un predio de 201,289.0960000 metros cuadrados en el Ejido Mazatlán, en Playas de Rosarito, con un valor de 596.14 millones de pesos.

"Se sigue haciendo una proyección, no te podría yo dar números ahorita así nada más, lo que sí puedo decirles es que estamos buscando solucionar el tema del desabasto de agua en Baja California y que vamos a hacer un planteamiento muy responsable".