
Tras el anuncio de una planta desaladora que se estaría habilitando en este momento en Tijuana, según anunció la noche del segundo debate la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda sostuvo que se trata aún de un proyecto.
A lo anterior la mandataria también agregó que se trata de una gran iniciativa la cual calificó como "de alto impacto", y que se contempla sea desarrollado sólo con inversión pública, de la mano del gobierno federal quien otorgó un "apoyo importante".
"Seguimos revisando todos los permisos, la situación jurídica que existía con la empresa anterior, las modificaciones y la actualización del proyecto", dijo Del Pilar Ávila Olmeda.
A su vez precisó que desde su llegada al gobierno estatal planteó al presidente Andrés Manuel López Obrador la construcción de una planta desaladora, la cual dijo, se trata de un proyecto que ha apoyado la federación, sin embargo, todavía se trabaja en la elaboración y diseño de la misma.
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"Venimos ya realizando varias acciones muy importantes, muy relevantes, pero por ser un proyecto de alto impacto hemos trabajado en el diseño del mismo, en la actualización, porque es un proyecto que ha estado aquí durante mucho tiempo, lamentablemente mal elaborado, mal diseñado, y con un enfoque muy distinto al enfoque que le venimos dando en nuestro gobierno", explicó.
Cabe resaltar que todo esto surgió después de que en 2018 Aguas de Rosarito S.A.P.I. de C.V. demandó al gobierno del estado el pago de 51 millones de dólares porque el exgobernador Jaime Bonilla Valdez canceló el contrato de construcción de la planta que había firmado su antecesor, el panista Francisco Vega de Lamadrid.
En enero de este año el titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial (SIDURT), Arturo Espinoza Jaramillo, declaró que el gobierno federal pagará 400 millones de pesos a la empresa Aguas de Rosarito.
Pago que busca poner fin a la demanda en tribunales internacionales en contra el gobierno de Baja California por cancelar el contrato de construcción de la planta desaladora e incluye la compra del terreno en donde será construida.
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