El exgobernador lanza señalamientos contra Marina del Pilar Ávila Olmeda sin sustento, mientras él mismo está vinculado a proceso por corrupción en un contrato millonario que nunca se concretó

Extraviado en su propio pasado, Jaime Bonilla Valdez volvió hoy al micrófono para lanzar acusaciones contra Marina del Pilar Ávila Olmeda, como si la memoria colectiva fuera selectiva... o negociable. Pero no lo es.

Mientras Bonilla intenta instalar la narrativa de supuestos vínculos criminales -sin pruebas, sin carpetas de investigación, sin una sola imputación formal- su propio nombre aparece en expedientes judiciales reales, con contratos, montos y firmas de por medio.

El contraste es brutal. De un lado, declaraciones. Del otro, un proceso penal abierto.

Hoy Bonilla habla de crimen organizado, de pactos y de violencia, pero omite que durante años en su entorno político han gravitado figuras vinculadas al poder en Baja California, incluyendo referencias indirectas al grupo de los Arellano Félix, así como al exgobernador Xicoténcatl Leyva Mortera.

En ese mismo contexto, nombres como Ramón Arellano Félix -abatido en 2002- o Benjamín Arellano Félix -detenido ese mismo año- han sido parte del imaginario político-mediático de la entidad.

Pero más allá de ese contexto, hay hechos documentados que sí forman parte de su propia trayectoria. Uno de ellos es el de Amado Cruz Anguiano, quien fue detenido en 1998 y procesado por delitos relacionados con lavado de dinero vinculado al Cártel Arellano Félix, y que años después formó parte del círculo cercano de Bonilla durante su administración.

Cruz Anguiano fue incorporado primero en tareas de seguridad y posteriormente designado como coordinador de Logística y Ayudantía del gobierno estatal, con un sueldo mensual registrado oficialmente en plataformas de transparencia. Su presencia en la estructura gubernamental fue ampliamente documentada.

Cuando se trata de hechos verificables, el expediente que sí existe es otro: el del contrato con Next Energy.

Un proyecto que comprometía pagos multimillonarios por décadas para una planta que nunca se construyó y que hoy tiene al exgobernador vinculado a proceso por presunto peculado, abuso de autoridad y uso indebido de facultades.