El Congreso del Estado de Baja California aprobó reformas orientadas a fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia digital, cibernética y aquella generada por el uso de herramientas de inteligencia artificial. La propuesta fue impulsada por la diputada Araceli Geraldo Núñez y el diputado Ramón Vázquez Valadez, quienes destacaron la urgencia de actualizar el marco jurídico ante los riesgos emergentes del entorno tecnológico.

Durante la sesión, la diputada Geraldo subrayó que la acelerada digitalización ha transformado la forma en que se vulneran derechos fundamentales como la intimidad, la privacidad y la imagen, exponiendo a menores de edad a nuevas modalidades de acoso, suplantación de identidad, difusión de contenido inapropiado y manipulación automatizada de datos personales. Por ello, señaló, era indispensable incorporar estas amenazas a la legislación estatal.

Asimismo, Geraldo recordó que, aunque existen instrumentos nacionales e internacionales que reconocen el derecho de la niñez a vivir libre de violencia, aún persisten vacíos normativos que deben atenderse para que dicha protección sea efectiva dentro del ámbito digital. Estas reformas, dijo, buscan cerrar esas brechas.

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Por su parte, el diputado Ramón Vázquez destacó la importancia de armonizar la legislación de Baja California con criterios recientemente validados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente aquellos relacionados con la prevención de violencia generada mediante inteligencia artificial. Advirtió que la capacidad tecnológica para manipular identidades e imágenes de menores es un riesgo creciente que el Estado no puede ignorar.

El Dictamen No. 9 de la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores fue aprobado por unanimidad, con lo cual se reforman los artículos 11 y 45 de la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.

Con estos cambios legales, se reconoce expresamente el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir libres de violencia cibernética, digital y aquella derivada del uso de inteligencia artificial, además de establecer la obligación de todas las autoridades de prevenir, atender y erradicar estas conductas, garantizando un entorno digital más seguro para la niñez de Baja California.