En la última Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso del Estado de Baja California, se aprobó por unanimidad, con 20 votos a favor y sin abstenciones o votos en contra, el dictamen número 5 de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. Este dictamen propone una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con la intención de mejorar el control sobre la adquisición y registro de armas a nivel nacional.

La iniciativa, presentada por la diputada Araceli Geraldo Núñez, establece que los particulares deberán acreditar de manera formal el origen y la adquisición legal de las armas que posean, al momento de registrarlas. Con esta medida, se busca combatir el tráfico ilegal de armamento, una de las principales fuentes de violencia en la región, y reducir el uso de armas en la comisión de delitos, particularmente aquellos asociados con el crimen organizado.

En su exposición de motivos, la diputada Geraldo subrayó que, aunque existen normativas que regulan la posesión, portación y comercialización de armas, es fundamental mantener una revisión constante de las legislaciones para evitar vacíos legales que favorezcan el acceso descontrolado a armamento. La propuesta tiene como objetivo adelantarse a los riesgos de seguridad pública derivados de la circulación ilegal de armas de fuego.

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La Comisión dictaminadora fundamentó la propuesta en cuatro ejes esenciales: el tráfico y la disponibilidad de armas en el mercado negro, la ausencia de un registro claro y confiable de las armas en manos de particulares, la legalización de armas de origen ilícito y la necesidad de exigir la acreditación del origen de las armas como medida preventiva frente a estos problemas.

Un punto relevante en la propuesta es que se incorporaron ajustes técnicos para armonizar la iniciativa con la reforma estructural que se realizó a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en mayo de 2025, reforma que se publicó después de la presentación de la propuesta. Estos ajustes buscan garantizar la viabilidad jurídica de la iniciativa y asegurar que no contradiga disposiciones ya establecidas a nivel nacional.

Finalmente, al tratarse de una cuestión de competencia del Congreso de la Unión, el Congreso del Estado de Baja California enviará esta propuesta para su análisis y discusión en el ámbito federal. Con base en las facultades que la Constitución del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado le otorgan, se espera que la propuesta sea considerada dentro del proceso legislativo federal, con el objetivo de fortalecer el control de armas y mejorar la seguridad en todo el país.