El proyecto de la planta fotovoltaica impulsado por la administración de Jaime Bonilla en Baja California sigue siendo objeto de polémica, ahora con la acumulación de 37 amparos interpuestos por exfuncionarios que buscan evitar comparecer ante un juez.

Este caso está relacionado con presuntas irregularidades en el contrato firmado con Next Energy, empresa encargada de construir la planta, un proyecto que no se concretó pero generó compromisos financieros multimillonarios para el estado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) acusa al exgobernador Bonilla y a otros implicados de delitos como abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y peculado. Las investigaciones apuntan a que el proyecto no solo carecía de viabilidad económica, sino que también involucró procedimientos opacos en su adjudicación y ejecución.

Según la gobernadora, Marina del Pilar Ávila, este caso representa una "estafa maestra" que ha puesto en riesgo las finanzas públicas.En las audiencias recientes, algunos de los implicados han argumentado que sus acciones fueron realizadas bajo las órdenes directas de Bonilla, quien cabe recordar perdió su fuero tras concluir su periodo como senador.

Marina del Pilar: "Baja California se consolida como el estado favorito para la inversión"

Durante la reciente Glosa del Tercer Informe del Gobierno del Estado, Juan José Pon Méndez, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno, actualizó el estado del caso ante el Congreso de Baja California. Informó que existen ocho autos de apertura a juicio oral contra los implicados, quienes enfrentan cargos por peculado y uso ilícito de atribuciones.

Además, recientemente se sumó el delito de abuso de autoridad. Sin embargo, el proceso penal permanece estancado debido a suspensiones provisionales otorgadas por jueces federales desde 2022

Pon Méndez también lamentó que, a pesar de los esfuerzos legales, las acciones judiciales sigan enfrentando obstáculos significativos. "No hemos avanzado por unas suspensiones que están desde el 2022", comentó durante su intervención. Mientras tanto, los múltiples amparos continúan ralentizando el proceso, generando frustración entre la ciudadanía, que exige justicia y transparencia.