En un esfuerzo por fortalecer la modernización del sistema de justicia civil y familiar en la entidad, la diputada federal Evangelina Moreno presentó ante la Cámara de Diputados un Punto de Acuerdo dirigido al Congreso de Baja California, al Tribunal Superior de Justicia del Estado y al Gobierno estatal, el exhorto propone una coordinación estrecha entre los tres poderes para elaborar un plan integral de implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), cuyo plazo legal de entrada en vigor concluye el 1 de abril de 2027.

La legisladora recordó que el proceso que dio origen al nuevo Código comenzó en 2017, cuando se reformó la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una legislación única en materia procesal civil y familiar, posteriormente, el decreto que creó el CNPCF fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, marcando un hito en la transformación de la justicia en México.

Moreno destacó que la implementación del Código es gradual y requiere declaratorias formales a nivel federal y estatal, subrayó que esta modernización implica un rediseño profundo de la operación judicial, sustentado en el uso de tecnologías de la información, expedientes digitales, oficialías virtuales, juicios en línea, videograbación de audiencias y estrategias de justicia abierta. "La reforma responde al compromiso del Estado mexicano con el acceso efectivo a la justicia, la homologación de criterios procesales y la progresividad de los derechos humanos", expresó.

En el caso de Baja California, la urgencia es evidente: tan solo en 2023 se registraron 9,964 asuntos civiles, familiares y mercantiles, una demanda que exige infraestructura robusta y procesos modernizados. La diputada señaló que la construcción y equipamiento de nuevas salas de audiencia, el fortalecimiento tecnológico, la capacitación especializada y la suficiencia presupuestaria serán elementos esenciales para cumplir exitosamente con la transición al nuevo sistema.

Moreno reconoció avances significativos en la entidad, como la creación del Comité de Implementación del CNPCF en el Poder Judicial y la instalación de la Comisión de Justicia Especial en el Congreso local, no obstante, enfatizó que los plazos legales requieren decisiones oportunas y coordinadas entre los poderes del estado.

"El Código no puede esperar, su implementación es indispensable para garantizar a las y los bajacalifornianos una justicia moderna, transparente y eficiente", afirmó. El Punto de Acuerdo solicita que las instituciones estatales emitan un plan conjunto de implementación, tomando como referencia las experiencias de otras entidades que ya avanzan en este proceso de fortalecimiento institucional.