El regreso de Fidel Mogollón Pérez a la bancada de Morena en el Congreso de Baja California, luego de que en octubre de 2024 fuera señalado por su entonces esposa por una presunta agresión, vuelve a poner bajo cuestionamiento los criterios con los que el partido y el Poder Legislativo determinan cuándo un legislador puede ser separado políticamente y cuándo puede recuperar ese respaldo. En este caso fue el propio diputado quien confirmó su reincorporación al grupo parlamentario, al señalar que, como fundador y consejero de Morena, retomaba su lugar en la bancada.

La reincorporación ocurre al inicio del periodo en que Eligio Valencia López asumió la presidencia del Congreso local, y fue precisamente el nuevo presidente quien defendió públicamente el retorno de Mogollón. Valencia argumentó que no existe impedimento para su regreso debido a que no enfrenta actualmente una denuncia formal ni un proceso judicial por los hechos que provocaron su salida de la bancada en octubre de 2024, además de que tampoco existe, según sostuvo, un procedimiento partidista que se lo impida.

El antecedente se remonta a octubre de 2024, cuando la Policía Municipal de Playas de Rosarito atendió un reporte al 911 realizado por la entonces esposa de Mogollón, quien señaló que el legislador la había bajado de un vehículo de manera agresiva y que había sufrido lesiones. Posteriormente, Mogollón y su esposa negaron públicamente que hubiera ocurrido una agresión en los términos señalados, mientras que la Fiscalía General del Estado inició una investigación de oficio que no avanzó a una acusación formal debido a que la presunta víctima no acudió a ratificar los hechos.

En ese momento, Morena condenó la violencia contra las mujeres y Mogollón solicitó licencia, mientras que la gobernadora Marina del Pilar pidió que el caso fuera investigado. Ahora, la falta de una denuncia formal y de un proceso judicial es utilizada por Valencia como argumento para justificar su reincorporación, aunque esta circunstancia no equivale a una absolución ni elimina el antecedente que originó la separación política del diputado.

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La postura de Valencia adquiere mayor relevancia por sus propios antecedentes con La Luz del Mundo. En 2018, cuando se desempeñaba como regidor, solicitó licencia para participar en la organización de una gira en Baja California de Naasón Joaquín García, entonces líder de esa organización. Años después, en 2022, Joaquín García se declaró culpable en California de delitos sexuales relacionados con menores y recibió una sentencia de 16 años y ocho meses de prisión, además de quedar obligado a registrarse de por vida como agresor sexual. Cuando Valencia fue cuestionado sobre la condena, evitó pronunciarse y calificó el asunto como parte de su "vida privada".

Los vínculos con La Luz del Mundo también aparecen ahora en los señalamientos que distintos actores políticos han hecho en torno a Emmanuel Reyes Carmona, senador de Morena que ha manifestado su intención de competir por la alcaldía de León. En ese contexto, el también senador Ricardo Sheffield cuestionó públicamente sus aspiraciones y afirmó que Reyes no cumpliría con los requisitos legales de residencia para contender por el cargo. Además, Sheffield especuló que su intención podría estar relacionada con el uso de recursos provenientes de la organización religiosa La Luz del Mundo para impulsar su proyecto político.

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Reyes respondió que buscará arrebatarle al PAN la alcaldía de León y afirmó que Morena ganará de manera contundente. Los señalamientos entre ambos legisladores muestran que los vínculos entre integrantes de Morena y La Luz del Mundo continúan siendo materia de disputa política, particularmente cuando se relacionan con posibles candidaturas y respaldo electoral.

En Baja California, el retorno de Mogollón y la defensa que de éste hizo Valencia se da además en un momento de reacomodos políticos rumbo a 2027. Con su reincorporación y la llegada de Diego Alejandro Lara Arregui, quien anteriormente pertenecía a Fuerza por México, Morena alcanza 16 integrantes en la XXV Legislatura, fortaleciendo su posición como grupo mayoritario. Más allá del impacto numérico, el caso vuelve a poner a prueba la congruencia entre el discurso de defensa de los derechos de las mujeres y el cuestionable criterio del ahora presidente del Congreso frente a contundentes señalamientos de violencia.