Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), junto con seis de los 32 integrantes de los sistemas estatales anticorrupción y organizaciones de sociedad civil, pidió a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, separarse temporalmente de su cargo mientras se esclarecen las acusaciones contra su ex esposo, Carlos Torres.

"Esta solicitud no constituye una condena ni una afirmación de responsabilidad: es una medida prudencial orientada a proteger el interés público, sobre cualquier interés particular o personal", se lee en el posicionamiento hecho público en redes sociales por parte de la Red de Nacional de Comités de Participación Ciudadana.

En respuesta, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (CPC SEA-BC) emitió una opinión técnico-jurídico con destinatario a Pérez Morales, a quien aclarar que "adolece de facultades para emitir exhortos y/o declaraciones públicas institucionales dirigidos a la separación del cargo de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal".

"Emitir un requerimiento de esa naturaleza rebasa el marco de atribuciones legales de los CPCs, tanto el Nacional como los locales, y constituye un acto ultra vires, contrario al principio de legalidad", se lee en el desplegado cuyos firmantes son Martha Elizabeth Moreno García, Luis Xavier Garavito Torres y Julio Estanislao Rubio Díaz.

Además, los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California recuerdan a Vania Pérez que las vías para la responsabilidad política o eventual separación del cargo de servidores públicos se encuentran previstas en la Constitución local y en las leyes secundarias (por ejemplo, mecanismos como el juicio político y la revocación de mandato, conforme al diseño constitucional).

Castro Trenti usa la imagen de Sheinbaum en su campaña por la candidatura a la gubernatura

Lo anterior "aun cuando existan señalamientos, debates o información difundida en medios de comunicación respecto de personas servidoras públicas", pues "la actuación institucional de los CPCs debe orientarse a: a) promover la transparencia compatible con la reserva legal; b) exigir rendición de cuentas mediante canales formales; y, c) fortalecer mecanismos anticorrupción".

Y concluyen: "No corresponde a los CPCs emitir exhortos ni fijar consecuencias político- electorales fuera de sus atribuciones".

Cabe recordar que el SNA fue diseñado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, impulsado también por organizaciones de la sociedad civil, y construido bajo una arquitectura institucional que prometía garantizar sanciones cuando se presentaran casos de corrupción. Actualmente Vania Pérez ha mostrado un abierto activismo en contra de los gobiernos de la 4T, incluyendo al senador Adán Augusto López.