El sistema de transporte en Baja California se encuentra en un proceso de transición hacia un modelo sustentado en el pago electrónico, que busca mejorar la eficiencia del servicio, fortalecer la fiscalización financiera y, eventualmente, renovar las unidades de transporte. 

De acuerdo con el director general del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), Jorge Alberto Gutiérrez Topete, este cambio será progresivo y adaptado a las condiciones de cada municipio y ruta, comenzando con pruebas piloto en el Corredor Agua Caliente de Tijuana y la Ruta Eje en Mexicali.

La intención es alcanzar el 100% de digitalización en el Corredor Agua Caliente antes del regreso a clases, aunque Gutiérrez aclaró que no se implementará completamente hasta que la infraestructura esté lista. El cambio no solo permitirá mayor transparencia, sino que eliminará la figura del chofer como cajero, un paso clave para reducir irregularidades en el cobro, facilitar tarifas diferenciadas y avanzar hacia esquemas de pago por kilómetro.

Actualmente, los usuarios pueden recargar sus tarjetas en tiendas OXXO y se proyecta que en dos meses Farmacias Roma se sumará como punto de recarga. Además, se establecen acuerdos con misceláneas de colonias alejadas para ampliar la cobertura. Según el titular de IMOS, hasta el 30% del efectivo se pierde en la cadena de custodia, lo que impacta directamente en la posibilidad de inversión para renovar las unidades.

Otro incentivo para el pago electrónico es su relación directa con el financiamiento: las financieras exigen a las empresas contar con este sistema para poder otorgar créditos. En ese contexto, IMOS ha adquirido 71 mil tarjetas adicionales y ya existen cerca de 20 expendedores móviles que recorren rutas para realizar recargas con tecnología NFC. A futuro, este modelo se ampliará con pruebas en tiendas de autoservicio para capacitar al personal y verificar el manejo del inventario.

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No obstante, la transición enfrenta resistencias. Algunos operadores sabotean el sistema apagando validadores o informando a los usuarios que no funciona. Esta práctica, señaló Gutiérrez, refleja una negativa a abandonar viejos vicios del sistema tradicional. La solución radica en el fortalecimiento del modelo concesionario, centrado en un manejo adecuado del dinero y una operación transparente y eficiente.

En cuanto a la regulación, se destaca un nuevo enfoque legal que prioriza el estado físico-mecánico de las unidades sobre su antigüedad. Las empresas están obligadas a cumplir con dos revisiones anuales; de lo contrario, enfrentan sanciones. Se considera incluso permitir la operación prolongada de vehículos en buen estado, aunque sean antiguos, si cumplen con los requisitos técnicos.

En paralelo, IMOS ha detectado abusos tarifarios por parte de transportistas de la empresa Calfia en Tijuana, donde se han presentado más de 70 denuncias por cobros indebidos en rutas parciales. 

Aunque el Cabildo autorizó un incremento de $14 a $16 pesos para rutas completas, se ha documentado que algunos choferes cobran doble al fragmentar los recorridos. Las multas superan los 2 mil pesos y podrían escalar hasta la revocación de concesiones si la empresa consiente estas prácticas.

Finalmente, el instituto trabaja en la creación de un sistema de puntaje para choferes, similar al de la Ciudad de México, para suspender a quienes acumulen múltiples infracciones. Con este tipo de medidas, se busca dignificar el transporte público, garantizar el respeto a los usuarios y construir un sistema más justo y funcional para todos.