Con el objetivo de combatir uno de los delitos más frecuentes en la era digital, la diputada Michelle Tejeda presentó un exhorto ante la Asamblea dirigido al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán. El llamado busca reforzar los programas de prevención contra la extorsión telefónica, una modalidad delictiva que afecta profundamente en los ámbitos económico, emocional y social.

"Lamentablemente, las personas adultas mayores son las principales víctimas debido a su vulnerabilidad y desconocimiento sobre estas prácticas delictivas", señaló Tejeda.

En Baja California, particularmente en ciudades como Tijuana y Mexicali, este crimen presenta una alta incidencia en colonias como Valle de Puebla, Colonia Nueva, Centro Cívico y Colonia Independencia.

Entre las modalidades más comunes de extorsión telefónica se encuentran los falsos secuestros, premios inexistentes y estafas donde los delincuentes se hacen pasar por funcionarios del gobierno. Incluso ofrecen empleos o apoyos económicos a cambio de un depósito de dinero.

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Según datos recientes, el 40% de estas llamadas son amenazas supuestamente vinculadas al crimen organizado, seguidas por un 28% de supuestos secuestros de familiares y otras variantes que incluyen rifas fraudulentas, denuncias falsas y familiares detenidos en aduanas.

La diputada subrayó la importancia de fortalecer las campañas de sensibilización para educar a la población sobre cómo identificar y prevenir estas prácticas. Además, instó a garantizar una mayor difusión de los procedimientos para presentar denuncias y darles seguimiento.

"El combate a la extorsión telefónica no solo requiere de medidas reactivas, sino de una estrategia preventiva que priorice la protección de nuestra ciudadanía, especialmente de nuestros adultos mayores", afirmó.

La propuesta recibió el respaldo unánime del pleno legislativo, con 12 diputaciones solicitando adherirse de manera particular al exhorto. Este consenso refleja el compromiso de los representantes por atender un problema que afecta de manera directa a las familias de Baja California y que exige una respuesta integral y efectiva.