El diputado Juan Manuel Molina García señaló que, aunque aún se están evaluando las condiciones, existen mecanismos legales y presupuestales que podrían habilitarse para apoyar a los municipios en la atención a los migrantes. De acuerdo con el legislador, uno de los primeros pasos sería garantizar que los Ayuntamientos, especialmente el de Tijuana, reciban los recursos necesarios para atender a los connacionales que podrían ser retornados de manera masiva desde el vecino país.

El Congreso local está a la espera de las evaluaciones que se realizarán desde los niveles estatal, federal y municipal para determinar si es necesario implementar una declaratoria de emergencia o activar fondos extraordinarios. Molina García recalcó que es fundamental contar con la información precisa de las autoridades para definir las acciones a seguir.

En el caso de Tijuana, el pasado 13 de enero, el Ayuntamiento aprobó una declaratoria de emergencia en anticipación de las posibles repatriaciones masivas. Esta medida busca asegurar que la ciudad esté preparada para recibir a los migrantes y brindarles apoyo en su regreso a México. Sin embargo, el diputado explicó que las decisiones sobre el uso de fondos extraordinarios dependerán de las evaluaciones que realicen los diferentes niveles de gobierno.

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El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local también recordó que las personas en contexto de movilidad tienen derechos constitucionales en México, lo que implica que las autoridades deberán salvaguardar su integridad durante todo el proceso de repatriación. En particular, destacó la importancia de atender a los connacionales que puedan ser deportados por Estados Unidos.

En este sentido, el gobierno federal ha puesto en marcha el programa "México te abraza", que ofrece albergue y servicios básicos a los migrantes que llegan a los puertos de entrada del país. Según el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California, Jorge Palau, aunque las repatriaciones no han aumentado significativamente en las primeras semanas del gobierno de Trump, el estado se está preparando para manejar una posible alza en los flujos migratorios.

La situación sigue siendo incierta, pero tanto las autoridades locales como el Congreso están comprometidos en evaluar e implementar las medidas necesarias para ofrecer una respuesta adecuada a las personas que podrían llegar a Baja California en los próximos meses.