La creciente participación de menores de edad en delitos de alto impacto ha sacudido a la sociedad bajacaliforniana, generando indignación y preocupación entre la población. En respuesta a esta crisis, el Congreso de Baja California discutirá el próximo 1 de agosto una controvertida iniciativa que plantea juzgar como adultos a adolescentes de entre 12 y 18 años que cometan crímenes graves con dolo.

La diputada local Dunnia Montserrat Murillo López, una de las impulsoras de la propuesta junto con el legislador Juan Manuel Molina, reconoció que los recientes hechos violentos, como los ocurridos en El Rosario y otras zonas del estado, evidencian una tendencia preocupante: el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado.

"Ya no se trata de actos impulsivos, sino de adolescentes que actúan con plena conciencia e intencionalidad", justificó.

La iniciativa busca reformar el Artículo 18 de la Constitución mexicana, aunque se aclara que no se aplicaría de forma generalizada, sino en casos específicos de extrema gravedad. Sin embargo, especialistas y ciudadanos han comenzado a cuestionar si endurecer las penas sin atender las causas estructurales del fenómeno será suficiente o incluso contraproducente, al criminalizar a jóvenes que en muchos casos son víctimas de un entorno de abandono social.

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La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda también se pronunció ante esta problemática, que definió como "muy lamentable" reconociendo que la violencia ejercida por menores "no es reciente", y culpó a gobiernos anteriores por haber estigmatizado a los jóvenes como "ninis", con lo cual -dijo- dejaron el terreno libre para que las organizaciones delictivas los captaran.

Un caso reciente que conmocionó a Tijuana fue la detención de un joven de 16 años, acusado de asesinar a un hombre dentro de un taller mecánico en la colonia El Tecolote. Hechos como este han generado un debate urgente sobre el alcance del sistema de justicia para adolescentes y la necesidad de una política integral de prevención.

Antes de llegar al pleno legislativo, la propuesta será revisada en comisiones. De ser aprobada, deberá ser enviada al Congreso de la Unión, al tratarse de una reforma constitucional. Mientras tanto, la sociedad espera respuestas de fondo que vayan más allá del castigo: medidas que atiendan la descomposición social que está llevando a tantos menores por el camino del crimen.