La XXV Legislatura del Congreso de Baja California respaldó por mayoría dos reformas constitucionales provenientes del Congreso de la Unión, orientadas a consolidar la legitimidad democrática del Poder Judicial de la Federación y blindar los procesos electorales frente a cualquier intervención extranjera.

En materia judicial, se aprobó la minuta que modifica el calendario de elecciones del Poder Judicial, trasladando la jornada prevista para 2027 al primer domingo de junio de 2028. Esto derivado de evitar la concurrencia con elecciones federales, reducir costos operativos y riesgos de politización, además de garantizar procesos homogéneos y confiables. 

El proyecto de reforma contempla la creación de una Comisión Coordinadora de Evaluación, la cual deberá aplicar lineamientos técnicos homogéneos que privilegien perfiles con sólida formación jurídica, honestidad, buena fama pública y trayectoria profesional comprobada, al tiempo que se fijan criterios paritarios en la selección de candidaturas judiciales, reduciendo las listas preliminares y asegurando igualdad de género en las postulaciones.

Por otra parte, se fortalece el mecanismo de revocación de mandato, al establecer que este ejercicio ciudadano se realice el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional, coincidiendo con las jornadas electorales federales o locales. La diversa minuta respaldada por el Pleno plantea introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera, en el artículo 41 constitucional. 

A través de esta disposición se dota al Tribunal Electoral y a las autoridades jurisdiccionales de una herramienta para declarar la nulidad de una elección cuando se acredite objetivamente la injerencia externa, eliminando lagunas técnicas y reforzando la defensa de la soberanía nacional. 

La propuesta sostiene que el objetivo es garantizar el respeto a los principios rectores de la política exterior consagrados en la Constitución, entre ellos la libre autodeterminación de los pueblos, la no injerencia, la proscripción del uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias, como pilares para la defensa de la soberanía nacional. 

De esta manera, el Congreso de Baja California se posiciona como una de las primeras entidades en respaldar estas reformas constitucionales, en estricto apego al proceso legislativo previsto por la ley.