El Congreso del Estado de Baja California aprobó la tipificación del delito de Fraude Familiar dentro del Código Penal estatal, con el objetivo de sancionar aquellas conductas que afecten el patrimonio común o de la sociedad conyugal. Esta reforma fue impulsada por la diputada Michel Sánchez Allende y forma parte de las propuestas para atender la Alerta de Violencia de Género en la entidad.

Durante la Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso, la Comisión de Justicia, presidida por la diputada Norma Angélica Peñaloza, presentó el dictamen número 3 en el que se establece la necesidad de adicionar un artículo 222 Ter al Código Penal de Baja California. Esta adición tiene la finalidad de sancionar a quienes oculten, transfieran o adquieran bienes sin autorización expresa, causando perjuicios a la familia en sus bienes y patrimonio.

La diputada Michel Sánchez Allende destacó la importancia de esta reforma al señalar que responde a una recomendación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). En su intervención, enfatizó que la creación de esta figura penal permitirá proteger a las familias y evitar situaciones en las que bienes del patrimonio común sean transferidos a terceros sin consentimiento.

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Con la aprobación de esta reforma, las personas que incurran en Fraude Familiar podrán ser sancionadas con penas que van de uno a cinco años de prisión, además de multas de cien a trescientos veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Asimismo, deberán realizar la reparación del daño a la parte afectada. Cabe destacar que este delito se perseguirá a través de querella presentada por la parte ofendida.

El dictamen presentado por la Comisión de Justicia consideró que esta reforma es jurídicamente viable y necesaria para garantizar la protección del patrimonio de las familias. La iniciativa refuerza el marco legal en Baja California y equipara la legislación estatal con la de otras entidades que ya han tipificado este delito en sus códigos penales.

Cabe mencionar que el Código Penal Federal incluyó el delito de Fraude Familiar en 2012, y hasta la fecha trece estados de la República han adoptado medidas similares, entre ellos Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Chiapas. Con la reciente aprobación en Baja California, la entidad se suma a la lista de estados que buscan fortalecer la protección del patrimonio familiar y garantizar justicia a quienes sean víctimas de este tipo de fraude.