El Congreso de Baja California aprobó por unanimidad una reforma legal para incrementar las sanciones relacionadas con conductas que dañan el medio ambiente, particularmente aquellas vinculadas a la extracción, alteración y manejo irregular de piezas automotrices consideradas esenciales para el control de emisiones.

La iniciativa, presentada por el diputado Juan Manuel Molina García, contempla penas que van de uno a siete años de prisión para quienes retiren, destruyan o modifiquen dispositivos especializados sin derecho o autorización, así como de uno a tres años para quienes recolecten, transporten o almacenen sus desechos sin permiso ambiental.

Molina García explicó que este tipo de prácticas se ha convertido en una problemática creciente que afecta no solo a los propietarios de vehículos, sino también al entorno, debido al incremento de emisiones contaminantes cuando dichos componentes son removidos o tratados de manera irregular.

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El legislador señaló que el valor de los metales presentes en estas piezas ha provocado un aumento en su extracción ilegal y en su comercialización en el mercado negro, situación que ha generado afectaciones económicas y ambientales en la entidad.

Como parte de la reforma, se modificó el artículo 340 y se añadió el artículo 341 BIS al Código Penal del Estado, incorporando estas conductas al capítulo de delitos contra el medio ambiente y fortaleciendo el marco jurídico para su persecución.

Molina subrayó que el objetivo es disuadir la manipulación ilícita de estos dispositivos y garantizar un mayor control sobre los sistemas destinados a proteger la calidad del aire, reforzando así la seguridad y el bienestar de la población.