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Congreso BC rechaza cuenta pública de la Vía Corta Tijuana-Tecate concesionada a Beltrán Rendón
El dictamen emitido por el auditor Luis Gilberto Gallego sobre la concesión en el mandato de Kiko Vega fue rechazado por la Comisión de Fiscalización de Alejandra Ang, por omisiones en el manejo de los recursos.

La cuenta pública 2021 de la Administradora de la Vía Corta Tijuana-Tecate, que fue concesionada al empresario Fernando Beltrán Rendón durante el mandato de Francisco Vega de Lamadrid, ex gobernador de Baja California, presentó omisiones de carácter fiscal, laboral y administrativa en el manejo de los recursos, por lo que fue rechazada por el Congreso del Estado.

De acuerdo con el dictamen emitido por Luis Gilberto Gallego Cortez, Auditor Superior del Estado de Baja California, y que fue entregado a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, que preside la diputada Alejandra María Ang Hernández, fue recibido con fecha del 17 de marzo de 2023.

El documento en poder de La Política Online refiere que la paraestatal que opera Beltrán Rendón fue objeto de 10 observaciones, de las cuales una fue solventada antes de la presentación del informe; las restantes generaron un pliego de observaciones; una promoción de facultad de comprobación fiscal, tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y seis recomendaciones.

La auditoría concluyó el 14 de septiembre de 2022 por parte de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, cuyo periodo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, la cual registró errores y omisiones significativas en los estados e información financiera, tales como la desatención al marco normativo y programas que carecieron de eficiencia y eficacia.

Entre las irregularidades detectadas resaltan: 9 millones 172 mil 003 pesos ($9,172,003) por cobrar, así como en el apartado de Bienes Inmuebles, un total de 19 propiedades por el orden de los 2 millones 25 mil 950 pesos ($2,025,950), los cuales fueron etiquetados con valor de un peso cada uno.

En los informes financieros se documentó 3 millones 271 mil 214 pesos ($3,271,214) de pasivos generados de años anteriores, de los cuales se desconoce su origen.

Dictamen entregado a la Comisión de Fiscalización de Alejandra Ang.

Resalta la omisión del cobro a tres clientes a quienes no aplicaron la nueva tarifa, lo que representó una falta por $17mil 664 con 35 centavos de dólar ($17,664.35), mientras que en el apartado de Servicios Personales registró un monto de 5 millones 737mil 418 pesos ($5,737,418), en donde omitieron el "Plan de Previsión Social) a su personal. Dicho apartado registró un incremento del 45.40 por ciento con relación al 2020.

De igual forma, no realizaron el pago de Impuesto Sobre la Renta, así como la retención ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California por concepto de Aportaciones de Patronales de Servicio Médico por un importe de 396 mil 711 pesos ($396,711).

El informe refiere que el 15 de diciembre de 2021, fue entregado un contrato por dos millones 400 mil 109 pesos ($2,400,108) por adjudicación directa y sin mediar licitación pública, recurso que fue entregado a una empresa para apoyo técnico operativo, asistencia, asesoría y gestión para la operación y explotación de la Vía Corta Tijuana-Tecate.

Entre otras recomendaciones, destaca que Admicarga no incorporó indicadores con perspectiva de género en su Programa Operativo Anual y en la matriz 2023, toda vez, que cuenta con una plantilla laboral de cuatro mujeres y 11 hombres, que representan el 27 y 73 por ciento, respectivamente.

Derivado del rechazo de la cuenta pública 2021, la Auditoria Superior del Estado de Baja California determinó: "Presenta errores y omisiones significativos y generalizados en los estados y la información financiera; falta de controles de uso y aplicación de recursos públicos; incumplimiento a los principios de economía, eficiencia, eficacia y las disposiciones legales, fiscales y normativas aplicables; entre las que destacan: falta de cobro de ingresos conforme a las tarifas autorizadas, falta de contrato o renovación, falta de plan de previsión social y de retenciones ISSSTECALI, contratación de servicios sin considerar lo establecido en la Ley, no incluir la perspectiva de género, errores en registro y controles, entre otros, los cuales no han sido solventados como a continuación se describe:"

La Vía Corta Tijuana-Tecate que administra Fernando Beltrán para la prestación del servicio público de transporte fue concesionado para carga, pasajeros y proyectos que le sean asignados.

El empresario Fernando Beltrán Rendón con el ex gobernador Francisco "Kiko" Vega.

El tramo de Admicarga es operado a través de la empresa Baja California Rail Road, a la cual le inyectaron 800 millones de pesos en la gestión del último gobernador panista para arreglar los rieles y construir edificios con recursos del gobierno federal.

Inicialmente Baja Rail se comprometió a invertir 20 millones de dólares en los primeros cuatro años, es decir, de 2012 a 2016, situación que pasaron por alto y apenas llegaron a un cinco por ciento.

¿Quién es Fernando Beltrán?

Beltrán Rendón es propietario de la empresa boxística Zanfer y durante el sexenio de Kiko Vega obtuvo jugosos contratos de proveedurías en diversas ramas. Fue uno de los financiadores de su campaña y mantiene una estrecha amistad con Antonio Valladolid, uno de los políticos más cercano al ex gobernador bajacaliforniano, quien actualmente forma parte del equipo de Santiago Creel Miranda, diputado federal y aspirante presidencial por el Frente Amplio por México.

Cástulo Beltrán, hermano del concesionario de la Vía Corta es amigo de político sonorense y fue quien lo acercó para comenzar una relación de amistad y posteriormente de negocios desde finales de los noventas cuando gobernó Tijuana.

El también inversionista inmobiliario es compadre de Jorge Ramos Hernández, ex alcalde de Tijuana. Derivado de la sociedad que realizó con TV Azteca para la transmisión de las peleas de Zanfer, logró conocer los círculos del poder en diversas entidades del país, al grado de entablar relaciones comerciales con varios gobernadores y ex gobernadores.

Beltrán Rendón es propietario de la empresa boxística Zanfer.

Desde hace unos años mantiene una alianza con grupo Cosmopolitan, el cual es representado en Baja California por David Saúl Guakil.

Su más reciente adquisición fue un predio de gran plusvalía en la Zona del Rio, en donde anteriormente se instaló la icónica discoteca Baby Rock, además de ser propietario del predio en donde estuvieron las primeras oficinas de Morena, en donde actualmente se edifica una torre médica.

En mayo de 2020, durante el bienio de Jaime Bonilla Valdez, al dueño de Zanfer le fue revocado el contrato por 15 años adjudicado por Kiko Vega, a través de la firma SUMEX (Suministro Sustentable de Energía en México SAPI de CV para suministrar la energía del acueducto Río Colorado-Tijuana).

La administración panista pagó cantidades mensuales entre los 20 y 40 millones de pesos, en tanto el ex gobernador morenista adjudicó el contrato a Orca Energy, bajo el argumento de reducir costos.

Beltrán Rendón formó parte de la lista de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabezó Santiago Nieto, sin embargo, de la noche a la mañana su nombre fue borrado y actualmente sus ingresos ya no generan duda respecto a su procedencia.

Aunque pregona a los cuatro vientos que mantiene una buena relación con los gobiernos de Morena y que ha inyectado recursos a sus campañas, lo cierto es que no ha gozado de los privilegios que obtuvo con los gobiernos panistas de Baja California.


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