Ante el anuncio de la posible imposición de aranceles del 25 por ciento a productos de México y Canadá por parte del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Baja California trabaja en diversas estrategias para mitigar los efectos económicos que esto podría generar. La gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, hizo un llamado a la calma y aseguró que la entidad cuenta con planes de contingencia para distintos escenarios, en coordinación con autoridades federales.

Ávila Olmeda subrayó que, aunque aún no hay certeza sobre la aplicación de estas medidas comerciales, Baja California ya cuenta con un plan A, un plan B y un plan C para responder de manera oportuna.

"Yo diría más bien tranquilidad, vamos a estarles informando, no hay que adelantarnos a algo que no sabemos qué va a pasar, pero sí estamos listos ante cualquier situación", declaró la mandataria estatal.

El gobierno estatal ha mantenido estrecha comunicación con el gobierno federal para asegurar una estrategia coordinada. En ese sentido, la gobernadora destacó que actualmente una comitiva encabezada por el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, se encuentra en Washington sosteniendo reuniones con autoridades comerciales de Estados Unidos, con el objetivo de analizar el impacto y posibles alternativas ante la imposición de aranceles.

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Cabe recordar que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció inicialmente que los aranceles entrarían en vigor el pasado 5 de febrero, sin embargo, su implementación fue postergada hasta el 2 de abril. De concretarse, estos gravámenes afectarían principalmente a productos manufacturados en México y Canadá, lo que generaría impactos directos en sectores clave de la economía de Baja California.

Por su parte, Carlos Jaramillo Silva, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Tijuana, advirtió que las industrias maquiladora y manufacturera serían las más afectadas por el incremento arancelario. Empresas dedicadas a la fabricación y exportación de productos electrónicos, automotrices, aeroespaciales y dispositivos médicos enfrentarían mayores costos, lo que podría afectar su competitividad en el mercado internacional.

En Tijuana operan alrededor de 600 empresas bajo el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), de las cuales aproximadamente el 85 por ciento son de origen estadounidense. Este vínculo comercial, sumado a la alta dependencia de exportaciones hacia Estados Unidos, mantiene en alerta a los sectores productivos de la región, que confían en que las gestiones diplomáticas y las estrategias locales logren mitigar el impacto económico.