Oposición
Auditan a Gustavo Sánchez por irregularidades en los presupuestos a favor de casinos y antros de Mexicali
Estas anomalías se registraron durante el gobierno del ahora contendiente al Senado de la República por el PAN.

El candidato por un escaño en el Senado de la República con la alianza del PRI, PAN y PRD, Gustavo Sánchez ha sido señalado por parte del Congreso del estado de Baja California por irregularidades que detectan incrementos en los gastos de obras públicas hasta casi de un 90% del presupuesto inicial. 

A su vez, asignaciones directas de obras y pagos millonarios de "honorarios a personal administrativo mismos que no se encontraban desempeñando cargo alguno, esto únicamente del periodo del año 2017; mientras que del gasto analizado respecto al periodo 2018 se desprende una omisión de pago con un conocido centro de apuestas, así como nóminas adicionales de hasta veinte millones de pesos. 

Según se informó, la empresa beneficiaria fue el Casino Win Club, poseedora de nueve casinos en Aguascalientes, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México y Baja California, agregando otras anomalías detectadas por la Auditoría Superior del Estado como 13 casinos cuentan con permisos de venta y consumo de bebidas alcohólicas en envase abierto pero la ley ni el reglamento consideran a los centros de apuesta para esta actividad. 

"A mí me tocó picar piedra desde abajo en Morena, ahora es papita"

Tras lo anterior, y con las facultades necesarias el órgano fiscalizador tiene la posibilidad de iniciar las denuncias correspondientes, señaladas en la ley de fiscalización y rendición de cuentas del Estado en BC y sus municipios que, como se observa en su artículo 65, establece que las denuncias deberán referirse a presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública o al patrimonio de los Entes Públicos. 

Denuncias que lo llevarían a iniciar un proceso por irresponsabilidad administrativa ante  la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa (TEJA) o en su defecto interponer las denuncias antes la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por las ilegalidades detectadas a fin de dictaminar las sanciones que pueden ir desde la suspensión de funciones hasta la inhabilitación para cargos públicos de los responsables.

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