La aprobación de la nueva Ley General de Aguas abrió un debate de fondo sobre el origen de la crisis hídrica en el país y la necesidad de replantear el modelo de gestión del recurso. En ese contexto, el diputado federal Armando Fernández Samaniego colocó el tema en la agenda pública al participar en La Moreniza, el podcast conducido por la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján.

Durante la conversación, Samaniego afirmó que el problema del agua en México no responde únicamente a factores climáticos, sino a décadas de desorden institucional y acaparamiento. "No es sequía, es saqueo", resumió el legislador, al señalar que por más de 30 años se entregaron alrededor de 530 mil concesiones, muchas de ellas de forma irregular, lo que afectó gravemente a comunidades y regiones enteras.

El diputado explicó que la nueva Ley General de Aguas reconoce al agua como un bien estratégico de la nación y establece un sistema más justo y transparente para su administración. Destacó que el nuevo marco legal apuesta por la planeación hídrica, la captación y el reúso del agua, así como por la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento para asegurar su disponibilidad a largo plazo.

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Luisa María Alcalde respaldó este enfoque al señalar que la legislación llega a poner orden y a garantizar el derecho humano al agua. Indicó que una amplia mayoría de productores y empresarios ha comprendido la necesidad de estos cambios, al tratarse de una regulación que busca evitar abusos y asegurar un acceso equitativo al recurso.

En la mesa de análisis también participaron las diputadas federales Cintia Cuevas Sánchez y Patricia Armendáriz Guerra, quienes coincidieron en que la ley responde a una demanda histórica de la población. Armendáriz subrayó que el acceso al agua debía consolidarse como un derecho humano plenamente reconocido dentro del proceso de transformación del país.

Finalmente, se destacó que la nueva legislación contempla sanciones para los funcionarios que otorguen concesiones de manera ilegal, cerrando la puerta a prácticas del pasado. Para Samaniego, este avance representa un cambio de paradigma: pasar de un modelo de saqueo y privilegios a uno de responsabilidad, equidad y justicia hídrica para las futuras generaciones.