Alejandra Ang era directora de BISOM cuando en esa dependencia se registró un desfalco cercano a los 3 millones de pesos. El señalamiento no implica que la hoy diputada haya cometido el desvío, pero políticamente resulta inevitable preguntarse qué peso tuvo ese antecedente en su carrera dentro de Morena, que posteriormente la llevó al Congreso de Baja California.

El asunto tomó otra dimensión en enero, cuando autoridades estadounidenses retuvieron a Ang al intentar ingresar a Calexico con una cantidad importante de efectivo que, de acuerdo con diversos reportes periodísticos, rondaba los 800 mil pesos. La legisladora explicó que se trataba de ahorros propios y de su esposo, además de recursos derivados de la venta de un automóvil; sin embargo, sus explicaciones públicas no han disipado por completo las dudas generadas por el episodio.

El dato políticamente relevante es que su esposo es César Castro Ponce, dirigente de Morena en Baja California. Mientras el partido presume como principios la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas, los cuestionamientos alrededor de Ang no parecen haber representado un obstáculo serio para que ocupe una de las posiciones más sensibles dentro del Poder Legislativo.

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Actualmente, Ang preside la Comisión de Fiscalización del Gasto Público y participa en el proceso para definir a quien encabezará la Auditoría Superior del Estado. Es decir, una legisladora que ha enfrentado cuestionamientos públicos relacionados con dinero se encuentra ahora en una posición desde la cual participa en la vigilancia de los recursos públicos de Baja California.

La situación abre una pregunta incómoda para el Congreso, qué estándares de transparencia se están aplicando para quienes tienen la responsabilidad de fiscalizar. Porque si los cuestionamientos públicos no generan siquiera una revisión política más profunda, difícilmente puede hablarse de una verdadera cultura de rendición de cuentas dentro del Legislativo.

Morena habla de honestidad, transparencia y rendición de cuentas, pero esos principios pierden fuerza cuando parecen aplicarse de manera distinta dependiendo de quién esté involucrado. En el Congreso de Baja California, antes de pedir explicaciones a otros, bien podrían empezar por exigirlas dentro de casa.