Este jueves, una llamada al 911 desató controversia en el Congreso de Baja California. En el audio, una mujer identificada como Iracema Valencia denunció haber sido agredida por el padre de sus hijos. Según trascendió, Valencia sería esposa del diputado Danny Fidel Mogollón Pérez, miembro de Morena, quien rápidamente negó las acusaciones y las calificó de rumores infundados con fines políticos.

Mogollón Pérez, quien se identifica como fundador del partido guinda, afirmó que su prioridad sigue siendo el bienestar de los bajacalifornianos y continúo desestimando los señalamientos.

"Mi esposa se rió cuando escuchó las acusaciones, porque ni siquiera vivimos en el lugar mencionado. Esto no es más que un intento de desprestigio político", declaró el legislador. Sin embargo, su respuesta ha sido criticada por minimizar el tema y abordar la situación como un simple malentendido.

La falta de un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades ha generado incertidumbre y preocupación. Activistas y colectivos feministas han señalado la importancia de investigar el caso con perspectiva de género, recordando que minimizar denuncias de violencia puede perpetuar patrones de impunidad.

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El caso también ha puesto en el foco la responsabilidad de los funcionarios públicos como figuras de ejemplo pues hasta el momento se sigue esperando el actuar con firmeza por parte de las autoridades ya que siendo este el segundo escándalo de violencia de género en el que los legisladores de Baja California se ven involucrados deja mucho que desear por parte de las autoridades, así como de los valores que representa el poder legislativo.

Según fuentes cercanas a esta redacción, autoridades del Congreso de BC están buscando que el legislador pida licencia indefinida hasta que se aclaren los hechos, no obstante como no ven una respuesta favorable por parte del acusado aseguran que harán un exhorto a la Fiscalía para que se investiguen los hechos hasta las últimas consecuencias.

Activistas han destacado que la violencia intrafamiliar no solo es un delito, sino un problema estructural que requiere un abordaje serio. Por lo que independientemente de la veracidad de las acusaciones, el legislador tiene el deber ético de cooperar en cualquier investigación y mostrar sensibilidad hacia un tema que afecta a miles de mujeres en Baja California.

Mientras tanto, la denuncia de Valencia sigue siendo un tema de interés público. Las autoridades aún no hablan de la continuidad de la investigación, pero sin duda el caso ha evidenciado la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y atención a la violencia de género.