-Tanque lleno, por favor.

El despachador asiente. Confirma si le echa de la verde y cumple con su tarea.

Pago con tarjeta. Enciendo el automóvil, y basta un trayecto sin tráfico, a una velocidad menor a 5 kilómetros, para que se consuma casi un cuarto del tanque que me acaban de llenar.

Molesto, regreso a la estación de servicio con bandera Pemex ubicada en Flamencos S/N, colonia Plan de Guadalupe, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Una estación de servicio con permiso PL/7306/EXP/ES/2015 otorgado por la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) en aquellos tiempos en que en una sola sesión del órgano de gobierno se autorizaban cientos de permisos. Tiempos con prisa por abrir el mercado gasolinero con la reforma peñista de 2013.

Reclamo al despachador.

-¿Qué me pusieron, mano? ¿Con qué rebajan la gasolina? ¿De dónde la mandan a traer? ¿Quién se las surte? ¿Quién es el gerente, o quién está a cargo?

Nadie atiende, nadie sabe, nadie responde. En una revisión rápida apuntamos que el permiso está a nombre de Susana Merelles Barreiro, y una de sus bombas fue inmovilizada por la Profeco en mayo de 2019 por no vender litros completos.

Omar García Harfuch anuncia la detención de un grupo delictivo dedicado al huachicol. Fuente: Cuartooscuro

Cuartooscuro

De acuerdo con la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (ONEXPO), que representa a los principales grupos gasolineros del país, al menos a los empresarios serios en este negociazo, uno de cada tres litros de combustible que se venden en el país son ilícitos.

Es decir, existe un 33% de posibilidad de que la gasolina o diésel que cargaste esta mañana rumbo al trabajo, o ayer por la noche de regreso a casa, se haya traficado a través de alguna de las redes que hoy está desmantelando el gobierno federal en operativos impulsados por las presiones de Estados Unidos para fortalecer la vigilancia en la frontera norte del país. O quizás haya sido extraído de algún ducto de Pemex en la red de más de 14,000 kilómetros que le es imposible vigilar y controlar, pero que es atacado con mayor frecuencia en los tramos que se ubican en Hidalgo, Puebla, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas.

Y es que el problema se salió de control. Luego de perforar los ductos de Pemex, los huachicoleros se pasaron a los barcos, a importar pipas bajo falsas declaraciones aduanales. El huachicol pasó de ser un negocio de sombrerudos que vendían gasolina y diésel robados en la carretera, y que compraban gente de moral caída y traileros; a un elaborado mecanismo de comercio internacional que atrapó a políticos, militares y empresarios gasolineros.

Un esquema que le cuesta al erario más de 177,170 millones de pesos al año en impuestos no cobrados, de acuerdo con un análisis de PetroIntelligence.

 Víctor Rodríguez Padilla, director de Pémex 

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El director de Pemex dijo desde Veracruz la semana pasada que no tenía estimado del impacto que representa para las finanzas de la petrolera el huachicol fiscal. Difícil creerle a Víctor Rodríguez Padilla si consideramos que, de acuerdo con las cifras mostradas por la propia petrolera, se tiene programado invertir 30,000 millones de pesos obtenidos por el combate al huachicol dentro el Plan Estratégico a 10 años que presentó la petrolera el mes pasado.

La declaración se dio en el contexto en que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encabeza operativos para desmantelar redes de huachicol fiscal ligadas con miembros de la Secretaría de Marina. Casi todos los días se ventila un nombre, y una nueva conexión.

Finalmente el gobierno entendió que para combatir el huachicol no es suficiente vigilar los ductos sino las facturas, los compradores. Aunque aún están muy lejos de atender el problema directamente en las estaciones de servicio. Ahí donde todos los días cargamos combustible y, sin querer, somos partícipes de uno de los negocios ilegales más rentables del país.