El gasolinazo es un término que adquirió popularidad en el sexenio de Enrique Peña Nieto cuando se liberó el mercado de las gasolinas por la reforma energética de 2013, aquella que orgullosamente era llamada la Madre de todas las reformas, y que terminó en una anécdota en el gobierno de López Obrador.

Hoy, contener el gasolinazo es un tema prioritario en la agenda de Palacio Nacional, pues está teniendo un impacto directo en la inflación, principalmente el diésel, que se utiliza en el transporte de mercancías, y que ha tocado máximos históricos.

En este contexto, regresar el control de precios en el mercado de combustibles es una decisión aventurada por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Verá, al tener un precio tan alto a niveles históricos, esto motivado por los conflictos en Medio Oriente que mantienen secuestrado el Estrecho de Ormuz, la escalada de precios en los derivados del petróleo es inevitable, directamente en los combustibles. Y si a esto le agregamos que México es dependiente del extranjero en más del 60 por ciento de lo que se consume, el efecto es multiplicador.

El amplio margen de ganancia con el que se vendían antes del conflicto armado, ha permitido que los gasolineros se mantengan a raya con el tope de 23.99 pesos que ha impuesto el Gobierno de México desde hace meses, y dicen, bajo advertencia de no intensificar las investigaciones por la venta de combustible ilegal, o huachicol, que de acuerdo con los propios empresarios del sector, ya inunda una tercera parte del mercado "legal".

Y es que la tentación de fijar precios por decreto era mucha, sin embargo, hasta el momento la estrategia del llamado segundo piso de la #4T es cuidar el frente fiscal, pero contener los precios de los combustibles en México tiene un costo muy alto.

Apenas la Secretaría de Hacienda informó que tan solo en marzo, detener el gasolinazo a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (el IEPS) que fija todas las semanas, le costó a las arcas públicas 11 mil 700 millones de pesos, muy por encima de las proyecciones. Por ejemplo, Banamex estimó que el costo de estos apoyos fiscales para contener el precio costarían 22 mil millones de pesos en todo el año, mientras que BBVA dijo que serían alrededor de 38 mil millones de pesos. En ambos casos se están quedando cortos, ya que en abril el costo sería mayor, y aunque sabemos que los apoyos van a depender totalmente de la duración del conflicto, es una realidad que no se le ve una solución cercana.

Pero además del costo que están absorbiendo los empresarios gasolineros en el "antigasolinazo", otra muy pequeña parte está cayendo en manos del sector financiero, a través del recorte en comisiones en pagos bancarios y vales, anunciado recientemente, y los cuales se buscan ampliar desde Palacio Nacional.

Cosa aparte en este caso es que Pemex ha tenido que reducir en más de un peso por litro la venta de los combustibles al mayoreo para poder cumplir con el objetivo de mantener controlados los precios. Un costo que no tarda en pasarle factura.

Ahora que el gobierno está nuevamente empeñado en controlar el precio en las estaciones de servicio, este panorama de fluctuaciones tan cambiantes en los precios debe obligar a replantear la estructura de precios de las gasolinas y el diésel, ya que cada litro de combustible que compramos paga alrededor del 40 por ciento de impuestos. Desde hace años se ha puesto en la mesa de Hacienda cobrar solo el 16 por ciento del IVA, y quizá uno u dos puntos porcentuales de algún carbon tax, como ocurre en la mayor parte del mundo, pero, ¿habrá voluntad?