La alta dependencia de México por el gas natural de Estados Unidos es alarmante. El gobierno reconoce que el 75 por ciento del consumo diario de este hidrocarburo proviene principalmente de las cuencas de shale gas, o de lutitas, que México y Estados Unidos comparte con Texas. Hace un año ese número rondaba el 70 por ciento.

En México, el gas natural se utiliza poco en los hogares pero mucho en la industria, y aún más para la generación de electricidad, donde se acerca a un peligroso 70 por ciento.

Aquí también podría detonarse una industria de fracking que permita elevar la producción nacional de gas natural, que lleva décadas estancada. Sin embargo, no es sencillo.

El estigma ambiental del fracking comenzó desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien lo descartó y prohibió. Sin embargo, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que va buscar alternativas para hacer que los proyectos tengan el menor impacto ambiental posible. Algo que se puede lograr, sin embargo, la inversión es cuantiosa. Pemex no tiene los recursos para hacerlo. Además de que no cuenta con la experiencia ni la tecnología necesarias para lograr extraer el shale gas de una manera rentable.

En este contexto, el futuro del fracking estará sujeto al modelo de contratos que el Gobierno desarrolle para ofrecer al sector privado. Desafortunadamente, no se ha logrado estructurar un modelo que resulte atractivo para las empresas.

El problema viene desde sexenios pasados. Ningún gobierno, desde Vicente Fox, han podido desarrollar contratos atractivos para el fracking. Con Peña Nieto estuvieron cerca, sin embargo, el reto en ese entonces fue otro: la inseguridad que reina en las zonas donde se encuentran los yacimientos no convencionales, principalmente en Tamaulipas. Nadie quiso entrarle.

Otro punto en contra es que en el sector petrolero es imprescindible contabilizar las reservas en los estados financieros, para que las empresas puedan acceder a financiamiento. Hacer bancables estos proyectos es el principal y gran reto en la administración de Sheinbaum, vía Luz Elena González en la Sener, y Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex. Pero en gran parte también dependerá de la Secretaría de Hacienda, que comanda Edgar Amador, con buenos incentivos fiscales.

Bajo el marco legal vigente, esos recursos en subsuelo, atrapados en rocas que esperan por ser fracturadas, pertenecen al Estado mexicano, por lo que no es posible que las empresas privadas los expongan ante el sector financiero como suyos.

 Para resolver este problema, el gobierno buscará apalancar los contratos de fracking en la banca de desarrollo 

Para resolver este problema, el gobierno buscará apalancar los contratos de fracking en la banca de desarrollo, donde corren el riesgo de perderse entre la burocracia y sus tiempos geológicos, tal cual ocurrió con los contratos mixtos de producción petrolera, de los cuales solamente se han podido concretar unos cuantos.

Recordemos que de acuerdo con las petroleras privadas que operan en México, agrupadas en la AMEXHI, nuestro país compite con otras 14 naciones por la atracción de inversión en el sector petrolero. Si se busca llamar la atención de grandes jugadores en la producción de gas no convencional, se necesitarán cambios profundos en la legislación.

Los principales interesados en llegar a este mercado en México serían, naturalmente, las perforadoras de tamaño medio que operan en Estados Unidos, donde el fracking es un gran negocio desde hace décadas. Difícilmente se arriesgarían a emprender en nuestro país, al menos bajo las condiciones actuales.

Así, ante la crisis geopolítica desatada por los conflictos en Medio Oriente, y su impacto en el precio de los energéticos, es urgente que se aceleren los proyectos de fracking para incrementar la producción nacional.