Aunque tengamos los precios topados mediante el acuerdo entre el Gobierno de México y los empresarios gasolineros, un efecto inflacionario que provenga del transporte de carga es imparable. |
La soberanía energética adquiere sentido cuando problemas del exterior amenazan el suministro de productos indispensables para la vida económica del país. Lo que ocurre actualmente con el diésel es el ejemplo perfecto para ilustrar esa premisa.
Al igual que en el caso de la gasolina y del gas natural, México es ampliamente deficitario en diésel. Esto quiere decir que es necesario comprar a otros países gran parte del combustible que se consume en el país.
Para ser más precisos, alrededor del 40 por ciento del diésel que se despacha en México proviene principalmente de Estados Unidos, una nación que hoy atraviesa una de las crisis de petroprecios más importantes de los últimos tiempos.
Ante esta situación, y con un precio de más de 6.5 dólares por galón de diésel en Estados Unidos (más de 31 pesos por litro), el gobierno del presidente Donald Trump analiza escenarios de mayores recortes a las exportaciones, con la finalidad de incrementar las reservas y priorizar el consumo interno.
Al menos durante septiembre, las exportaciones de diésel desde Estados Unidos cayeron casi 15 por ciento con un promedio de 1.508 millones de barriles diarios, ubicándose en su nivel más bajo desde julio pasado.
El efecto de las tensiones en Medio Oriente ha sido mayor de lo previsto. La guerra de Ormuz no deja de pasar factura al petróleo y sus derivados, en un contexto de alta volatilidad y mucha incertidumbre por varios frentes geopolíticos.
Y es que el diésel no es cualquier combustible. En el caso de México, alrededor del 80 por ciento del transporte de mercancías por vía terrestre se hace mediante camiones que utilizan dicho petrolífero.
Por lo tanto, el impacto de cualquier incremento en el precio del diésel se traduce rápidamente en una escalada inflacionaria que hoy en día, al ritmo lento de la economía, no es deseable.
Aunque tengamos los precios topados mediante el acuerdo entre el Gobierno de México y los empresarios gasolineros, un efecto inflacionario que provenga del transporte de carga es imparable. Los primeros productos en resentir un incremento en el precio del diésel son los alimentos, y de ahí la espiral ascendente.
A pesar del discurso nacionalista del llamado Segundo Piso de la Cuarta Transformación de la presidenta Claudia Sheinbaum, resolver la dependencia exterior de combustibles no es sencillo. Años de olvido en la infraestructura de refinación, corrupción en las mal logradas campañas de "modernización", y otros males sistémicos de la industria petrolera nacional, mantienen sumidos los indicadores operativos. No hay apoyos que alcancen por parte del gobierno. Parece un agujero negro que nunca se cerrará.
Actualmente, Pemex sólo se da abasto para proveer menos del 60 por ciento del consumo nacional. Y a pesar de que se ha mejorado la producción de diésel en las refinerías mexicanas, principalmente en la de Dos Bocas, Tabasco, no ha sido suficiente para mitigar las importaciones, que, por cierto, enfrentan una permanente observación y vigilancia por parte de las autoridades, ante recientes casos destapados de huachicol fiscal, que complican la internación del combustible a territorio nacional.
En resumen, México tiene que resolver varios pendientes de corto plazo. El más importante es la diversificación de sus importaciones, esto, con la finalidad de traer el diésel desde países que no estén aplicando políticas de recortes a las exportaciones; y a largo plazo, es indispensable mejorar sustancialmente la autosuficiencia de combustibles, a partir de la costosa infraestructura que ostenta Pemex, y que ha requerido cuantiosas inversiones que van directamente de nuestros impuestos.
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