La reciente aprobación del impuesto del 1% sobre remesas pagadas en efectivo en Estados Unidos, como parte del "One Big Beautiful Bill" (OBBB), ha generado preocupación en ambos lados de la frontera. Esta medida, que afecta a millones de migrantes mexicanos, representa un golpe silencioso pero profundo al ingreso de las familias receptoras y al consumo tanto en México como en Estados Unidos.

Para dimensionar su impacto, basta con observar las cifras: en 2024, México recibió más de 65 mil millones de dólares en remesas, la mayor parte procedente de EE.UU. El impuesto del 1% podría significar, en primera instancia, un nuevo cargo de hasta 650 millones de dólares anuales, aunque esto sería partir del supuesto que todas las transferencias se hacen en efectivo lo cual no es así, por lo que podríamos deducir que los inmigrantes no bancarizados son los más propensos a llegar a la ventanilla con billetes.

De acuerdo con datos del Pew Hispanic Center y la FDIC, entre 30% y 50% de los migrantes latinoamericanos en EE.UU. no tienen cuenta bancaria, lo que los obliga a enviar dinero en efectivo mediante empresas especializadas. Esto los hace particularmente vulnerables a este impuesto, pero también nos implica replantear el número aproximado del impacto de esta nueva contribución, ya que sí nos vamos a un punto medio, digamos 65% no bancarizados, lo recaudado sería 422 millones de dólares.

Pero el efecto del nuevo impuesto no es uniforme, ni inmediato. Depende de una variable clave: ¿quién absorbe el costo del impuesto?

Supongamos un ejemplo representativo: el migrante promedio envía 350 dólares al mes, que es aproximadamente el promedio nacional estimado por Banxico. Ante el nuevo impuesto del 1%, hay dos posibles escenarios:

      1. El migrante no cambia el monto habitual de su envío y la remesadora descuenta el impuesto del monto total. En este caso, la familia en México recibirá $346.50 dólares, lo que implica una reducción mensual de su ingreso disponible. Si esto ocurre de manera generalizada, el impacto se siente directamente en las comunidades receptoras, afectando su capacidad de consumo, ahorro o inversión local. Es decir, una disminución en la demanda agregada mexicana.

      2. El migrante decide cubrir el impuesto y envía $353.50 dólares para que su familia reciba los mismos $350. En este caso, el recorte no lo sufre México, sino el propio migrante, que ahora tiene menos ingreso disponible en EE.UU. para gastar en bienes, servicios o vivienda de aquel lado. Por tanto, el efecto recae en la demanda agregada estadounidense.

Aún no es posible saber cuál de los dos comportamientos prevalecerá. Lo más probable es que haya una combinación de ambos, dependiendo del nivel de ingreso del migrante, su estabilidad laboral, su compromiso familiar y su conocimiento financiero. Pero en cualquiera de los casos, el efecto macroeconómico es claro: este impuesto no es neutro. Tiene un impacto directo en el consumo, que es uno de los motores fundamentales de ambas economías.

La medida, además, podría tener efectos secundarios indeseados: incentivar métodos informales de envío, aumentar el uso de efectivo sin trazabilidad o fomentar mecanismos opacos que reduzcan la seguridad financiera tanto de emisores como de receptores.

Las remesas no solo representan un vínculo económico, sino también emocional y social entre los migrantes y sus comunidades de origen. Gravar ese lazo, en lugar de fortalecerlo, es un error de política pública que podría costarle caro tanto a los pueblos de México como a los comercios y economías locales de Estados Unidos.

Una economía interdependiente no puede permitirse decisiones unilaterales que afectan cadenas de consumo binacionales. Es momento de reconsiderar este impuesto, no solo por justicia impositiva, sino por racionalidad económica, salvo que este haya sido propuesto y aprobado como bandera política, independientemente del monto a recaudar y quién lo pague.

@ArturoMaxGP