Perseguido por sus acreedores y la 4T, Manuel Arroyo Rodríguez está inmerso en un laberinto de disputas contractuales en México y Estados Unidos. La imagen que construyó hace una década -el potentado hecho-por-sí-mismo que amagaba con romper el duopolio de la televisión mexicana- se ha diluido paulatinamente. Sin muchos de los compañeros que estuvieron con él cuando adquirió El Financiero hace 15 años y -sobre todo-sin la influencia que llegó a tener en la clase política, el empresario enfrenta su mayor reto en el voraz mercado de la programación de contenidos para los canales deportivos.

Su posición como contratista consentido en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto está prácticamente extinta.

Proyectada originalmente durante el calderonismo, la súper cárcel de máxima seguridad de Papantla originalmente sería construida por un consorcio conformado por las contratistas Desarrolladora y Constructora de Proyectos Integrales TYPP, Tradeco Infraestructura, y Promotora y Desarrolladora Mexicana. Seis meses antes de que concluyera el sexenio peñista, esa obra fue reasignada a la empresa Servicios, Infraestructura y Tecnología Papantla, subsidiaria de Grupo Lauman.

A mediados de junio del 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó públicamente a Arroyo Rodríguez por el incumplimiento de esa obra, un proyecto de asociación público-privada que comprometía recursos federales durante 22 años y que requirió un pago de 3,555 millones de pesos para la construcción del complejo carcelario.

A finales del sexenio lopezobradorista, Arroyo Rodríguez sostenía haber invertido 9,000 millones de pesos y anunciaba un pleito con el gobierno federal, para reclamar una indemnización de 40,000 millones de pesos por la cancelación del contrato.

La ruptura con la 4T -que de acuerdo con algunos analistas se debió a la postura crítica de algunos colaboradores de El Financiero- generó la borrasca que golpea las finanzas del grupo.

Tras del vencimiento del plazo fijado para cubrir el préstamo que le concedió Bancomext por 100 millones de dólares en 2009, en septiembre del año pasado inició el procedimiento judicial para reclamar los inmuebles que quedaron como garantía del pago.

Casi al mismo tiempo se dieron sus diferendos con la NFL y la Concacaf, por incumplimientos en los pagos de los derechos de transmisión de los partidos de equipos de esas organizaciones en Fox Sports México.

En la programación deportiva, Grupo Lauman sufrió su primera gran pérdida cuando los Rayados de Monterrey -equipo de la primera división profesional del futbol mexicano, filial de FEMSA- firmaron con Televisa a partir del torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA. Con la cancelación de su derecho de preferencia, quedaron pendientes pagos por regalías por más de cinco millones de dólares.

Emplazado al pago por representantes del poderoso grupo regiomontano, tuvo una respuesta lacónica: "después de su traición ahora ocupan el último lugar en mi lista de acreedores". Acababa de estrenar un yate -de manufactura italiana- que le costó 25 millones de dólares.

En febrero pasado vencieron los contratos que Grupo Lauman tenía con la Promotora del Club Pachuca para la transmisión de los partidos de futbol de la Liga MX desde el Estadio Huracán.

Arroyo tiene un pago pendiente con los equipos representados por José de Jesús Martínez Patiño por más de ocho millones de pesos. La Promotora del Club Pachuca ahora ocupa el último lugar de su lista de acreedores.

Pero en este caso, decidió acudir a la justicia capitalina para frenar la transmisión de los partidos del Pachuca y León en Tubi. Juan Hugo Morales Maldonado, juez 40° de lo Civil de proceso escrito admitió su reclamo y emplazó a esa plataforma de streaming para no subir esos eventos deportivos, mientras no resuelva de manera definitiva.

El sábado 8 de marzo ya estaba vigentes esas medidas cautelares cuando Tubi desacató la orden del juez y transmitió el juego.