Ni en el terreno que actualmente ocupa el Aeropuerto Internacional Benito Juárez ni en los predios donde alguna vez estuvieron los tiraderos de basura frente al Bordo de Xochiaca, la Cuarta Transformación está dispuesta a permitir el desarrollo de más desarrollos habitacionales.

La zona conurbada que ha crecido al oriente de la Ciudad de México se ha convertido en las últimas décadas en la región con mayor densidad de población en todo el país. Y también, en una región de la que han surgidos gobernadores -los dos últimos del Estado de México y la actual jefa del Gobierno capitalino-y que mantendrá su relevancia político-electorales hasta el 2030.

El rescate ecológico de ese corredor estratégico es una de las herencias del lopezobradorismo: el lago de Texcoco no tuvo la terminal aeroportuaria diseñado por Norman Foster y el proyecto de desarrollo de esa microrregión quedó demolido. La administración de Claudia Sheinbaum, de innegable vocación ambientalista, está comprometida con el impulso a las actividades productivas en una de las zonas que más requiere empleo e inversión del país.

Los Polos de Desarrollo del Bienestar ahora tendrán una nueva sede, en predios de lo que fue el basurero del Bordo de Xochiaca, en Ciudad Nezahualcóyotl. La determinación del Ejecutivo federal, empero, ha enfrentado resistencias locales.

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Buena parte de los proyectos de infraestructura de la administración Sheinbaum cruzan por el oriente del territorio mexiquense, entre ellos, la construcción del tren urbano Buenavista-AIFA, el trolebús elevado a Chalco. Y ahora, el Polo del Desarrollo del Bienestar en el Bordo de Xochiaca, con un presupuesto de 733,000 millones de pesos.

Fiel a su estilo de gobernar, la Presidenta supervisa in situ y constantemente pide información, lo que ha generado una dinámica de trabajo en la que los alcaldes morenistas y los funcionarios mexiquenses han tenido que trabajar a marchas forzadas.

Una meticulosa revisión de los avances de obras y otros indicadores sobre el desempeño de las autoridades locales dio certeza sobre conflictos que enfrenta el equipo de la gobernadora Delfina Gómez y una impericia en la gestión de los recursos federales que ya impacta a la imagen de la Cuarta Transformación.

A dos meses de que Claudia Sheinbaum presente su primer informe de Gobierno, no hay espacio para demoras o pretextos. Y de la urgencia presidencial por concretar los proyectos en desarrollo, tampoco hay dudas, sobre todo a juzgar por las recientes instrucciones salidas de Palacio Nacional.

Hace dos meses, la Presidenta habría emitido una severa crítica a la gobernadora por los magros resultados en materia de infraestructura urbana, específicamente en vialidades y alumbrado público.

Durante una reunión reciente con presidentes municipales del oriente mexiquense, el llamado de atención fue incontestable: "No han hecho nada". Un reclamo -sin importar la división de poderes- elocuente, ante la parálisis operativa en el estado más poblado del país.

La lentitud en la implementación del bachetón --el programa federal para responder a una de las demandas más sentidas de la población-en territorio mexiquense detonó el regaño presidencial. Los alcaldes señalaron al presidente de la Junta estatal de Caminos, el ex diputado izcallense Ariel Juárez, como el principal obstáculo, pero la gobernadora le ha dado su respaldo incondicional.

El regaño ocurrió en el marco de las mesas para la paz, el mecanismo interinstitucional coordinado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Y allí se han analizado a detalle los indicadores de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI.

Para el Estado de México, la información es contundente: en Toluca, Ecatepec y Mexicaltzingo, más del 88% de los ciudadanos encuestados identifican los baches como uno de los principales problemas urbanos. La infraestructura vial, ya precaria desde administraciones anteriores, parece haberse agravado en los últimos meses, generando molestias, accidentes y un deterioro generalizado del entorno urbano.

La Junta de Caminos del Estado de México administra un presupuesto superior a los mil millones de pesos anuales mediante esquemas de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS). Pese a ello, los resultados son prácticamente nulos. No hay evidencia de mejoras sustantivas, ni en el mantenimiento de caminos ni en la coordinación intermunicipal para atender la red vial secundaria.

Ante la inacción de la Junta de Caminos, la presidenta Sheinbaum habría instruido a la Gobernadora Gómez a replantear el modelo de gestión: ahora los municipios, especialmente los del oriente mexiquense, podrán recibir fondos federales de manera directa para atender las vialidades y el alumbrado. Hace unos días, la misma Presidenta anunció que el gobierno federal entregara a los municipios maquinaria para realizar esos trabajos.

Esto representa no solo un cambio de estrategia operativa, sino una desautorización tácita de la Junta y de la propia gobernadora. Este rediseño podría derivar en una pugna de competencias y presupuestos dentro del aparato estatal. Algunos alcaldes, sin embargo, ven con buenos ojos esta nueva posibilidad de manejo directo de recursos, sobre todo ante la lentitud de las instancias estatales.

La ENSU también subraya otro aspecto crítico: el alumbrado público deficiente. En municipios como Almoloya de Juárez, Ecatepec y nuevamente Mexicaltzingo, la percepción de inseguridad crece al ritmo que disminuye la iluminación en calles y avenidas. La falta de coordinación entre municipios y el gobierno estatal ha provocado zonas completamente a oscuras, donde la delincuencia encuentra terreno fértil.

Aquí también, la Junta de Caminos ha fallado. Aunque su mandato incluye la supervisión de estas áreas, su intervención ha sido, en el mejor de los casos, marginal.

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Para cumplir con la última instrucción presidencial, el Congreso del Estado de México tuvo que trabajar horas extra. Entre el dictamen de la iniciativa de decreto remitida por la gobernadora y su aprobación trascurrieron tres semanas.

El 22 de mayo, el Diario Oficial de la Federación publicó los lineamientos para definir los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar y la regulación para la celebración de convenios de coordinación entre el Gobierno Federal y las Entidades Federativas.

Para concretar la propuesta presidencial, apenas se ha dado el primer paso, con la abrogación del decreto que autorizó la enajenación de las 7.3 hectáreas de terreno, adyacentes al Bordo de Xochiaca, en noviembre de 2010. Era el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto; la Legislatura era controlada por el PRI y el tricolor había derrotado al PRD en Ciudad Nezahualcóyotl con el atleta paralímpico Edgar Navarro Sánchez.

La franja de cinco predios colinda con el Circuito Exterior Mexiquense y la avenida Bordo de Xochiaca. Y tras de su desincorporación fueron vendidos a Clat Neza Bicentenario, una inmobiliaria del empresario Heberto Guzmán Gómez, a 375 pesos por metro cuadrado. A tres kilómetros de esos predios, Corporación Inmobiliaria Integral había adquirido otras 110 hectáreas de terrenos de lo que había sido el tiradero de basura Neza 1, para desarrollar el proyecto Ciudad Jardín Bicentenario.

Entonces, la intención de reconvertir ese pasivo ambiental en un activo económico quedó a cargo de la Fundación Carlos Slim. Su propuesta era erigir un nodo urbano y social con un centro comercial, ocinas gubernamentales, tiendas de autoservicio, restaurantes, un centro deportivo, dos universidades, un hospital y un Centro de Rehabilitación Infantil Teletón.

El proyecto contó con l respaldo incondicional del gobierno peñista. Y solo hubo un pequeño núcleo opositor, encabezado por el entonces diputado local Juan Hugo de la Rosa, quien ahora milita en MORENA y encabeza la corriente política a la que pertenece el actual alcalde, Adolfo Cerquera, perfilado desde ahora para buscar la candidatura al gobierno estatal, en 2029.

La única duda ahora mismo radica en la postura de la gobernadora, quien apuesta por el crecimiento del alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya.

Por lo pronto, Gómez Álvarez ya recuperó esos predios y podrá donarlos -a través de su Secretaría de Desarrollo económico- para una posterior habilitación y operación de un polígono dotado de infraestructura específica, beneficios fiscales focalizados y facilidades administrativas.

Esta disposición legislativa tampoco fue bien vista en Palacio Nacional, donde han percibido un último intento por condicionar la donación del predio.