Opinión
Escuelas para jueces
Por Alberto Aguirre
Dentro de cuatro meses se elegirán cinco ministras y cuatro ministros de la Corte, mientras que las proyecciones de participación no superan al 15% del padrón electoral.

Hace una década, el calendario electoral en México estaba saturado. Para renovar alcaldías, congresos estatales y gubernaturas había comicios cada año, por lo que los partidos y las autoridades electorales mantenían actividades -y estructuras- casi permanentes.

Los capitanes de los ejércitos de promotores del voto, felices. Y más, los encuestadores, speech writes, asesores de imagen y estrategas que -al servicio de gobernadores, candidatos y medios de comunicación- hicieron fortuna en México. Incluso después de la reforma constitucional de 2014, que nacionalizó al aparato electoral y procuró la concurrencia de los comicios, la industria de la consultoría política se mantuvo boyante hasta el 2024.

Hasta las intermedias del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum -en 2027- habrá otro festín electoral. Este año solo habrá comicios para renovar los cabildos municipales en Durango y Veracruz y el 2026 serviría para que el INE y los OPLE's entren a un merecido receso.

La organización de las elecciones de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial irrumpió ese cronograma. De acuerdo con la reforma constitucional, aprobada el 15 de septiembre del año pasado, prohibió a los aspirantes hacer precampañas y recibir financiamiento, ya sea público o privado, o contratar espacios en radio, televisión o cualquier otro medio de comunicación para promocionarse.

Las campañas de los candidatos al Poder Judicial Federal arrancarán el 1 de abril. Y durante 60 días, podrán difundir su trayectoria profesional, méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de la justicia, así como cualquier otra propuesta de mejora amparada bajo el derecho al ejercicio de la libertad de expresión.

El Consejo General del INE estableció los topes de gastos personales para los 60 días de campaña y fiscalizará a los candidatos, quienes podrán contratar asesores de imagen, encuestadores y estrategas. O, si es su preferencia, acudir a cursos de capacitación.

Las campañas "nacionales", para los candidatos a ministros de la SCJN, los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral y los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial podrán gastar hasta cuatro millones 230,262 pesos; los magistrados de las salas regionales del TEPJF hasta un millón 410,087 pesos; los magistrados de los tribunales colegiados de distrito y de apelación, hasta 440, 652 pesos y los jueces de distrito, hasta 220,326 pesos.

Incluso antes de que estuviera definido este umbral, la agencia Veritas Vox ofreció abrió un curso de capacitación para los aspirantes a los cargos de elección en el Poder Judicial de la Federación. Con duración de ocho semanas -inició el 12 de febrero-está dirigido a promover "candidatos confiables y profesionales". Además de un cronograma electoral y una revisión exhaustiva de la estructura del PJF, este programa incluye manejo de medios, desarrollo de habilidades de comunicación, estrategias de alianzas y uso de redes sociales.

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Dentro de cuatro meses se elegirán cinco ministras y cuatro ministros de la SCJN; tres magistradas y dos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del TEPJF; 10 magistradas y cinco magistrados de las salas regionales del TEPJF; 464 magistradas y magistrados de los tribunales colegiados de circuito y de tribunales colegiados de apelación y 386 jueces y juezas de distrito.

Mientras que las proyecciones de participación de distintas autoridades electorales -basadas en distintos simulaciones- no superan al 15% del padrón electoral, lo que se traduce en un umbral de entre 10 y 12 millones de votantes, distintas organizaciones oficialistas están comprometidas a conseguir al menos 21% de votantes y con ello otorgar plena legitimidad a este ejercicio, sui géneris.

¿Campañas de aire o movilización de estructuras electorales? Con una medición elaborada por SIMO y el expertise de los estrategas del Instituto de Comunicación Política, encabezado por Roberto Trad, se ha trazado una prospectiva positiva. El electorado está contento con la elección convocada para renovar al Poder Judicial -estiman-y entre más afinidad a MORENA, hay una mayor disposición a acudir a las urnas, no obstante las limitaciones presupuestales impuestas al INE por el Legislativo.

¿Experiencia versus honestidad? Más allá de los atributos de los candidatos, los promotores de la iniciativa quisierasertujuez.com concluyen: "es altamente probable que los mismos electores que tradicionalmente participan en movilizaciones de morena, repitan en esta ocasión. Aquí podría pasar una de dos; o que se repita algo cercano al 17.7% de la Revocación de Mandato, o bien que se duplique la participación como ha sucedido en cada uno de los eventos anteriores, es decir llegar al 36% (de la lista nominal de electores)".

Los promotores de esta iniciativa no tienen vínculos con el oficialismo. Todo lo contrario. Conscientes de que la única herramienta de las minorías para apoderarse

de una elección es lo que denominan "movilización ilegal", apuestan por una alta concurrencia ciudadana para garantizar la independencia judicial.

"Existen condiciones en la opinión pública para pensar en una participación ciudadana similar a la de una elección intermedia", definieron. Aproximadamente un 40%, según su modelo.

"El mayor problema es la falta de información y el poco entendimiento sobre la

elección. Tenemos muy poco tiempo para explicarle al elector, cómo y por quién debe votar. Las y los candidatos tendrán recursos y reglas limitantes para hacer una campaña, por lo que necesitan acceso a herramientas de comunicación a un costo bajo para mejorar la participación ciudadana".

Los cursos, entonces, ¿deben ser para los candidatos o para electores?

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Han pasado tres décadas de su irrupción a la política activa, desde las aulas del ITAM. Un grupo de jóvenes veinteañeros, discípulos de Alonso Lujambio y Alejandro Poiré, primero tomaron el control de la representación de la carrera de Ciencia Política y cuando no pudieron hacerse del Consejo de Alumnos de esa institución -las campañas internas eran más exorbitantes que algunas elecciones constitucionales-emprendieron el camino de erigir una Agrupación Política Nacional.

¿De las aulas, a las candidaturas? Muchos de los borradores de la Ley Electoral se habían discutido en los cubículos de los politólogos itamitas y allí, el grupo encabezado por Xiuh Guillermo Tenorio y Ricky Arango entendió que habilitar una Agrupación Política Nacional les permitiría, en el mejor de los casos, suscribir convenios con los partidos con registro nacional... o solicitar el registro de una nueva formación.

Conciencia Política era el nombre de la APN y su membresía, principalmente fueron estudiantes de ciencia política de universidades públicas y privadas de todo el país. Tenorio Artigas -líder indiscutible de esa generación de aspirantes- aplicó las lecciones de sus maestros: para ampliar su networking y financiar sus actividades, organizó cursos sobre marketing electoral, con instructores de primer nivel.

A tres décadas de distancia, luego de su paso por Nueva Alianza, la administración ebrarista y un discreto sexenio sabático--, el ex asambleísta reinició su vida pública, con el lanzamiento de un centro de capacitación para el Nuevo Poder Judicial. Y su evento de presentación es un seminario para los candidatos a ministros, jueces y magistrados, el próximo fin de semana.

"En este nuevo escenario, la capacitación de aspirantes a posiciones dentro del Nuevo Poder Judicial es esencial para enfrentar los desafíos que plantea el marco normativo y la realidad emergente del Estado mexicano", argumentan, "la reflexión política y jurídica, así como el conocimiento doctrinal acumulado durante casi un siglo de tradición judicial, se han visto superados por las demandas de una transformación profunda y sin precedentes".

¿La inversión? 12,500 pesos. ¿Las sesiones? Dos días de trabajo en el hotel sede, el primer fin de semana de marzo. ¿Los ponentes? Jessica Gómez, directora de del despacho EPIC; Dorita Montenegro Caballero, ex magistrada del Tribunal Constitucional de Bolivia; Ana Laura Montiel, experta en comunicación e imagen; César Castillejos, ex director de comunicación del exministro Arturo Zaldívar y actual director de Alianzas Estratégicas en TV Azteca; Benjamín Hill, ex funcionario calderonista; José Galaviz, de IDEA consultoría...

Tenorio Artiga y Gisela Rubach Luether, socia principal de Consultores y Marketing Político, son los articuladores del programa del seminario-taller, que incluye seis módulos con media training, encuestas y estrategias de comunicación para medios digitales y redes sociales.

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