Andrés Roemer
Detrás del caso AR
Por Alberto Aguirre
El diplomático itamita optó por una estrategia agresiva: contrademandar a sus denunciantes, someter a un acecho intermitente a organizaciones, y frenar la publicación de trabajos periodísticos en su contra.

Treinta meses estuvo Andrés Roemer bajo el escrutinio de la justicia israelí. Sin plazos fatales ni expectativas plenas, la Fiscalía de la Ciudad de México buscó acreditar las conductas presuntamente criminales que justificarían su extradición.

Para defenderse, el diplomático itamita optó por una estrategia agresiva: contrademandar a algunas de las denunciantes, por presunto fraude procesal; someter a un acecho intermitente a las organizaciones y despachos de abogados contratados por sus denunciantes, y frenar la publicación de trabajos periodísticos que exhibieran su historia.

Una apuesta arriesgada, aunque basada en un principio básico del derecho: nadie puede considerarse culpable hasta que se demuestre lo contrario. Tampoco es posible declararse ganador, cuando el juicio siquiera ha iniciado. "Soy tan peligroso como un oso de peluche", se ufanó tras de obtener una medida cautelar -libertad bajo vigilancia electrónica- en Jerusalén.

Las autoridades atendieron su petición de excarcelación pero no lo han eximido de la responsabilidad que buscaba fincarle la ahora consejera jurídica en Palacio Nacional, Ernestina Godoy Rangel. Agotadas las instancias, le han negado el asilo y procederán a su extradición tras de valorar que las acusaciones en su contra "son lo suficientemente graves" como para entregarlo a la justicia mexicana.

Quedaron cuatro denuncias... cuyas agraviadas nunca se retractaron ni aceptaron las ofertas económicas para desistir de su reclamo.

Roemer

En febrero del 2021, la bailarina Itzel Schnass recurrió a las redes sociales para hacer pública su experiencia con el ex conductor de Entre lo público y lo privado, y entonces principal promotor de La Ciudad de las Ideas.

El Me Too mexicano tuvo protagonistas en los medios de comunicación. En la revista Quién! apareció el testimonio de Fernanda Lascurain y en la cuenta de Periodistas Mexicanas Unidas, en Twitter, hubo más de 60 denuncias distintas, que ponían al descubierto los indicios sobre un presunto depredador sexual serial en México.

Para defenderse, el diplomático itamita optó por una estrategia agresiva: contrademandar a algunas de las denunciantes; someter a un acecho intermitente a las organizaciones y despachos de abogados contratados por sus denunciantes, y frenar la publicación de trabajos periodísticos que exhibieran su historia.

¿Su modus operandi? Un cortejo inicial que terminaba con una propuesta laboral para Poder Cívico o Ciudad de las Ideas. ¿El lugar de las agresiones? El "domicilio de su empresa" que coincidía con su propio domicilio, previa cita en un café en la Plaza de Río de Janeiro.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX atrajo el caso bajo la figura de "noticia criminal" y en febrero de 2021 se realizaron las primeras denuncias legales en contra de A.R. por los delitos de presunto abuso sexual y violación sexual.

Para cuando el juez giró la primera orden de aprehensión -justo hace cuatro años- el indiciado llevaba dos meses fuera del país. Al cierre del 2021 se habían acumulado otras cinco carpetas de investigación con órdenes de aprehensión, todas por el delito de presunta violación.

Detrás del caso AR

El 6 de diciembre de ese año, la abogada Diana Murrieta -de Nosotras para Ellas, A.C.- en compañía de una de las denunciantes se reunió con Marcelo Ebrard, ex canciller de la SRE, para solicitar que su intervención pudiera ayudar a la extradición de A.R. quien en ese momento ya se sabía que se encontraba en Israel.

El conocimiento de su ubicación fue derivado a que una mujer fue acosada sexualmente por él en Tel Aviv y además, un periodista israelí de nombre Amir Shuan grabó a A.R. mientras caminaba en las calles de esa ciudad.

Las cinco órdenes de aprehensión se convirtieron en extradición en cuanto estuvo confirmada la noticia, por lo que Interpol levantó la ficha roja y desde ese momento, A.R. ya no estaba dentro de la posibilidad de trasladarse a 196 países.

El proceso de extradición fue tramitado bajo los parámetros de la cooperación internacional, debido a que Israel es un país que no tiene tratado de extradición con México.

El caso Roemer también implica una lucha por la libertad de expresión. El ex diplomático peñista demandó a un consorcio editorial que trabajaba con una productora de series televisivas y obtuvo la prohibición de que su nombre fuera utilizado.

El 10 de mayo de 2022, A.R. reaparece públicamente a declarar que eran falsas las declaraciones y que estaba siendo víctima de una persecución política.

Había iniciado la contraofensiva. En agosto, su defensa comenzó a solicitar amparos a los juzgados penales de distrito de la CDMX, para obtener la nulidad de las órdenes de aprehensión, la exposición a medios de su persona, el acceso y copias de estas.

En cuatro meses, se acumularon más de 40 amparos en total por todas las carpetas; de estos las asesorías de las denunciantes no fueron notificadas oportunamente. "Tenían que ser trabajos de búsqueda para saber y conocer de estas acciones", recuerdan.

El acecho constante por parte de la defensa de A.R. a las organizaciones que representan a las denunciantes, así como denuncias y demandas infundadas respecto de este caso tales como daño moral o fraude procesal, es el recuerdo de esos meses.

Entre esos recursos, su defensa pudo obtener acceso a una de las carpetas que tenían orden de aprehensión, con eso pudo combatirla y reclasificarla de violación a abuso sexual y con la temporalidad, prescribirla.

Roemer en 2017 con la entonces directora general de la UNESCO, Irina Bokova.

Las primeras noticias sobre la decisión del Tribunal Supremo de Israel sobre la apelación tramitada por el imputado llegaron de Tel Aviv a los abogados de las cinco víctimas. Y la mañana del jueves -casi seis horas después- llegaron a los informativos.

Así llegará a su fin esta tortuosa etapa, iniciada el último trimestre del 2023, cuando fue localizado y aprehendido por la policía hebrea, en cumplimiento de una solicitud expedida por la Interpol. Tras de pasar cinco semanas en una cárcel fue confinado a un departamento, donde pudo recibir visitas y encontrarse con sus abogados y periodistas.

Yosef Elron dictó su fallo el pasado miércoles y solo una decisión extraordinaria del máximo tribunal revertiría la extradición, ahora competencia del Ministerio de Justicia. En marzo del 2024, la justicia israelí ya había considerado extraditable al imputado -México y la nación Hebrea no tienen un tratado sobre la materia-, quien promovió un recurso de apelación y solicitó asilo.

"Su encomiable actividad en favor del Estado de Israel (si es que la hubo), así como su supuesta persecución antisemita, no justifican que se le conceda asilo del temor a la ley por los delitos que se le atribuyen", sentenció el togado, quien preside el Tribunal Supremo.

El escenario óptimo para la defensa de las víctimas es que la Cancillería mexicana cumpla con los trámites necesarios y, en tres meses, la Policía de Investigación de la CDMX esté en condiciones de ejecutar las tres órdenes de aprehensión concedidas por el juez que resolverá el fondo del caso.

Ex cónsul en San Francisco y ex representante del gobierno peñista ante la UNESCO, el imputado tendrá ahora asistencia consular, en el tramo final de su extradición. Hasta ahora, la intervención de Relaciones Exteriores ha sido mínima. "Con el secretario De la Fuente ha pasado lo mismo que con la oficina de su antecesora: nunca atendieron nuestra solicitud de audiencia", se quejan los abogados.

Son temas de abuso y de acoso, bastante delicados y graves, entonces esperemos que ahora sí se extradite a México.

El caso Roemer también implica una lucha por la libertad de expresión. El ex diplomático peñista demandó a un consorcio editorial que trabajaba con una productora de series televisivas y obtuvo la prohibición de que su nombre fuera utilizado.

Un chilling effect que enlató la docuserie de HBO y dilató la cobertura mediática del caso... hasta ahora.

"Son temas de abuso y de acoso, bastante delicados y graves, entonces esperemos que ahora sí se extradite a México", manifestó la presidenta Claudia Sheinbaum, el pasado viernes. "También está por ahí el caso de Tomás Zerón, que también estamos pidiendo que no se olvide por parte del gobierno del estado israelí, para que haya la deportación y la extradición", dijo en Palacio Nacional.

Artículo 19 detectó 21 casos de acoso judicial contra periodistas por sus investigaciones o publicaciones documentados en México durante 2024.

"La falta de tolerancia a la crítica y el escrutinio público, principalmente de distintas instancias gubernamentales y de quienes ostentan el poder", registró el reporte Barreras Informativas, "pero no se limita a las autoridades".

Artículo 19 ha documentado también que particulares y empresarios con proyección pública recurren al Poder Judicial para iniciar investigaciones contra periodistas que consideran incómodos. El ejemplo más contundente, en su listado, es la denuncia de Grupo Salinas y Banco Azteca contra tuiteros, comunicadores y periodistas (alrededor de 20 cuentas de usuarios de X).

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