Fundada por Benito Juárez en 1861, la Beneficencia Pública tiene el mandato histórico de atender los requerimientos de formulados por familias de escasos recursos económicos que no cuentan con la cobertura de un sistema de seguridad social.

El gobierno federal cubre los sueldos de sus 150 empleados y los gastos generados por sus actividades sustantivas: captar recursos y entregar los insumos donados por empresas, entidades públicas y organizaciones filantrópicas.

Entre 2020 y el 2023, del Patrimonio de la Beneficencia Pública salieron 334.9 millones de pesos para adquirir insumos que fueron entregados al Instituto de Salud para el Bienestar. Ambos organismos, adscritos a la Secretaría de Salud, estaban dirigidos en esa etapa por dos distinguidos tabasqueños: Juan Antonio Ferrer y Leonardo Alfonso Verduzco Dávila. Además del paisanaje, ambos coincidían en otro rasgo concluyente: carecían de experiencia en el sector. Y fracasaron en las misiones que les encargaron desde el despacho principal de Lieja.

Ese periodo fue extraordinario para la Beneficencia Pública, por dos hechos significativos: los apoyos en especie y los donativos económicos recibidos durante la contingencia sanitaria generada por la Covid-19 llevaron 226.7 millones de pesos a sus arcas. Al mismo tiempo, su patrimonio sufrió una degradación acelerada.

El bienio 2020-2022 fue desastroso para sus finanzas: de 83.7 millones que recibió en el 2020, cayó a 8.5 millones de pesos en el 2021 y a partir de entonces ya no recibió recursos financiero. En el 2022, por el cese de la emergencia sanitaria. Pero en mayo del 2023, una denuncia ante el Órgano Interno de Control dejó al descubierto un hoyo financiero de 1,350 millones de pesos que habría sido responsabilidad de Verduzco Dávila, entonces titular de la administración del patrimonio de la Beneficencia Pública y de dos de sus colaboradores: Exécatl Gutiérrez Ramírez y Miriam Monterrubio Rivas.

La querella fue tramitada por Adrián Benítez Ruiz, quien tomó las riendas de ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud en noviembre del 2022. Un mes antes, la directora de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación de Impacto de la APBP, María Elena del Valle Flores, había acudido a la Secretaría de la Función Pública para denunciar irregularidades administrativas en las que habría incurrido Gutiérrez Ramírez, que derivaron en la falta de pago para tratamientos de pacientes e insumos médicos adquiridos en distintos procesos licitatorios.

La crisis en la APBP estalló el 15 de diciembre de ese año en el seno del Consejo Interno, cuando Monterrubio Rivas presentó la propuesta de inversiones para el 2023, por 3,288 millones de pesos. De éstos, 1,407 millones de pesos estaban en un portafolio "dinámico y activo" administrado por BCB Casa de Bolsa; con rendimiento del12%, entregaría el capital y 13.1 millones adicionales a su vencimiento, el 5 de diciembre.

Benítez Ruiz consideró que esa inversión era "inusual" e instruyó al director de administración y finanzas, Gutiérrez Ramírez, que retirara el dinero de Bursamétrica. Entonces inició una disputa que aun no concluye y que deberá ser resuelta en un juzgado penal.

Previamente hubo una intervención, a solicitud del entonces titular de la APBP, de un grupo especial de auditores designado por Marco Vinicio Gallardo, el entonces titular de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud.

Durante un semestre Gutiérrez Ramírez y Monterrubio Rivas -de acuerdo a la denuncia- desobedecieron las instrucciones de transferir los recursos pues, a su juicio, los rendimientos pactados eran mayores y la transferencia dañaría el patrimonio de la institución.

El 21 de abril de 2023, Roberto Cossío Deschamps, representante legal del Grupo Operativo Korbach propuso una reestructura de los certificados bursátiles fiduciarios que habían sido gestionados en BCB Casa de Bolsa.

Solo entonces, en la APBP tuvieron conocimiento de la emisión, de su inminente vencimiento (el 28 de abril) y del riesgo que presentara su saldo en "default" y del consecuente emplazamiento legal para la recuperación de los recursos.

El contrato de intermediación bursátil había sido suscrito el 20 de abril del 2020 por los funcionarios de la Beneficencia Pública y Bursamétrica, quien sería el fiduciario en el Fideicomiso 1051, mientras que el fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar sería el consorcio hotelero del empresario yucateco Roberto Guzmán. Con una duración de 230 días, implicaba un programa de emisión de certificados bursátiles, hasta por 1,000 millones de pesos.

Una violación a la Ley Federal de Austeridad Republicana, consideró Benítez Ruiz, pues los tres ex directivos de la institución autorización una inversión de riesgo sin tener facultades expresas. Investigaciones posteriores determinaron que el Consejo Interno autorizó inversiones por el monto de 3,500 millones de pesos en el 2022.

El caso fue investigado en primera instancia, por Ángel Rodríguez Alba, quien estaba a cargo del área de control interno en el ramo salud. En su denuncia, el titular de la Beneficencia Pública solicitó expresamente dar vista al ministerio público federal de los hechos y la reparación integral del daño económico infringido.

En las oficinas centrales de la Secretaría de Salud había otros problemas administrativos más apremiantes. La compra consolidada de medicamentos e insumos médicos, pero sobre todo el desastre de la desincorporación -por extinción-del INSABI ocupaban la mayor parte el tiempo y el esfuerzo del entonces titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Marco Vinicio Gallardo Enríquez.

Por lo demás, la amplia experiencia en la reconstrucción de las relaciones civiles-militares y la defensa de los derechos humanos del hijo del general José Francisco Gallardo resultaba taxativa en temas de transparencia y rendición de cuentas. Y dado que involucraba a un destacado tabasqueño, el expediente llegó al despacho principal del Palacio de Cobián.

Hasta que la Procuraduría Fiscal, a cargo entonces de Félix Arturo Medina Padilla, emitió una opinión sobre las pruebas ofrecidas por Benítez Ruiz, el caso llegó a instancias judiciales. Ante los reiterados incumplimientos en la devolución de la inversión y el pago de los intereses, procedió la ejecución de las garantías.

La nueva directiva de la APBF, encabezada por José Alfredo Cordero Esquivel, tuvo conocimiento de este litigio desde su arribo al despacho de la colonia Del Valle, justo hace tres meses. Y en la última sesión del Consejo Interno del 2024, además de presentar un informe al consejo interno sobre la recuperación de los 1,350 millones de pesos, debió acreditar a una nueva representación legal en el juzgado.