Opinión
¿Un magistrado rebelde?
Por Alberto Aguirre
Las denuncias de Ricardo León Caraveo contra el ex presidente del TFJA coinciden con una investigación en su contra por presuntas faltas graves.

 El abogado tabasqueño, Ricardo León Caraveo, magistrado de sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ha recurrido a distintos medios para denunciar al expresidente de ese organismo jurisdiccional, Guillermo Valls Esponda y otros integrantes de la Junta de Gobierno y Administración, como probables responsables de haber solapado más de un centenar de sentencias dictadas por los integrantes de la tercera sala regional en sesiones que nunca se llevaron a cabo.

El Tribunal Federal -describió-- es "una institución capturada, con desvío de poder" que ha dejado perder billones de pesos con resoluciones contrarias al Estado mexicano. Sus denuncias están antecedidas por una investigación iniciada en su contra por presuntas "infracciones graves" a la Constitución y a las leyes federales que habían causado "perjuicios graves a las instituciones democráticas del país y a la sociedad" por haber faltado gravemente en el ejercicio de su cargo a la observancia de los principios de objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

El conflicto inició con el acuerdo G/JGA/24/2025, aprobado el 25 de junio de 2025 por la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que ordenó el traslado del magistrado León Caraveo a la Segunda Ponencia de la Sala Regional en Tabasco y Auxiliar. Un día antes de que surtiera efectos -el 30 de junio--, el magistrado presentó una demanda de amparo ante el juzgado Quinto en materia administrativa del Estado de Jalisco. Tras de la admisión, el magistrado solicitó que su readscripción quedara suspendida definitivamente, pero le fue negada en la audiencia efectuada el 7 de julio.

 Las denuncias del abogado tabasqueño Rafael León Caraveo están antecedidas por una investigación iniciada en su contra por presuntas 'infracciones graves' a la Constitución 

El 20 de octubre se determinó que el acuerdo de readscripción fue "bien fundado y motivado", por lo que se rechazó la petición, según consta en la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 935/2025.

De acuerdo con la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, quedó abierto un plazo de 10 días para interponer el recurso de revisión; dicho plazo transcurrió entre el 27 de octubre y el 9 de noviembre del 2025. Pero fue hasta el 21 de noviembre que León Caraveo ingresó su reclamo al juzgado Quinto de distrito en materia administrativa.

Los magistrados del sexto tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito, presidido por José Guadalupe Tafoya Hernández, desechó el recurso de amparo en revisión 581/2025, por extemporáneo.

León Caraveo regresó a su natal Tabasco. Allá volvió a entrar en conflicto con la Junta de Gobierno y Administración.

Pero la investigación iniciada en Jalisco concluyó apenas hace dos meses, cuando el expediente JGA-DA-085/2025-03 fue cerrado y el magistrado Miguel Carrasco Hernández remitió su informe a la Junta de Gobierno y Administración del TFJA.

 Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Guillermo Valls Esponda, ex ministro presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)

Entre los hallazgos más relevantes se encuentran 42 días hábiles de ausencia entre marzo de 2024 y enero de 2025, sin que se hubiera informado a la Junta de Gobierno una justificación correspondiente. La revisión también permitió identificar 16 expedientes en los que había transcurrido el plazo legal para dictar sentencia definitiva sin que se hubiera emitido la resolución respectiva. Asimismo, se documentó el retraso en la firma de una sentencia relacionada con el cumplimiento de una ejecutoria del Poder Judicial de la Federación, cuyo plazo judicial venció antes de que el magistrado devolviera el proyecto que le había sido remitido oportunamente.

Las estadísticas de productividad resultaron igualmente significativas. Durante abril de 2025, la ponencia encabezada por Caraveo registró solamente un proyecto en la vía ordinaria, mientras que las otras dos ponencias de la misma Sala registraron 37 y 40 sentencias, respectivamente.

El rezago acumulado en su ponencia pasó de 694 expedientes en enero de 2024 a 1,011 en junio de 2025, un incremento de 317 asuntos.

A ello se sumaron problemas de colegiación y negativas a suscribir determinadas actuaciones jurisdiccionales, incluyendo un episodio del 7 de mayo de 2025 relacionado con la remisión de una demanda de amparo cuyo plazo legal estaba próximo a vencer.

La autoridad investigadora concluyó que el magistrado tabasqueño incurrió en una falta administrativa grave, al haberse negado a firmar tres asuntos ordinarios tramitados en la modalidad de juicio en línea.

El magistrado tabasqueño -concluyó la autoridad investigadora-- incurrió en una falta administrativa grave, al haberse negado a firmar tres asuntos ordinarios tramitados en la modalidad de juicio en línea. Al hacerlo, se habría abstenido de resolver sin causa justificada y en forma reiterada los asuntos de su competencia dentro de los plazos previstos por la Ley.

Con su negativa a firmar, subrayó, ocasionó una deficiencia en el funcionamiento normal de la Tercera Sala Regional en Jalisco, al impedir y retrasar la impartición de justicia pronta y expedita a los justiciables.

Hace un año, la Junta de Gobierno invocó el artículo 33 del Reglamento Interior del TFJA, que contempla la readscripción como una medida para atender problemas de colegiación y procurar el adecuado funcionamiento institucional. Ahora deberá aplicar el artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa e iniciar el procedimiento de remoción.

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