Nunca pudieron localizarla. Ni en el domicilio de la Ciudad de México, que constaba en los registros públicos, ni en su oficina, Aida Marina Arvizu Rivas pudo ser notificada por los actuarios de la Auditoría Superior de la Federación del procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado en su contra.

Lagunera, feminista y ex diputada federal (2006-2009) por Alternativa Socialdemócrata, Arvizu Rivas fue funcionaria federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Los primeros tres años, en SEDESOL, estuvo a cargo de la Unidad de Igualdad de Género; el resto, en esa misma posición, pero en SEDATU. En ambas dependencias, adscrita a la Oficina de la titular, Rosario Robles Berlanga.

Al terminar esa administración, ya estaban en curso las indagatorias contra los principales colaboradores de la ex jefa del gobierno capitalino y ex presidenta nacional del PRD que derivaron en lo que se conoce como La Estafa Maestra.

Pero no fue mencionada en la primera oleada de acusaciones. Tampoco, Ramón Sosamontes Herreramoro, ex jefe de la oficina de Robles Berlanga. Ambos, junto con Rocío Bolaños, en el primer círculo de colaboradores de la poderosa operadora político-electoral.

Las pesquisas datan del 2017, cuando el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez fue vinculado a proceso por el delito de peculado. En enero del 2019, el exsubsecretario Enrique González Tiburcio fue vinculado a proceso, mientras que otros 11 excolaboradores de Robles Berlanga también fueron citados por el juez, entre ellos Simón Pedro de León Mojarro.

Arvizu Rivas fue llamada a rendir cuentas por la extinta Secretaría de la Función Pública, tras de ser denunciada por el OIC de la extinta SEDESOL por presuntamente haber falseado su declaración de situación patrimonial. En concreto, haber omitido la información sobre diversas cuentas bancarias de sus dependientes económicos.

Además del emplazamiento a la audiencia inicial del procedimiento sancionador del expediente 000052/2020, la exfuncionaria fue requerida vía estrados de señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México. Durante cinco años, las autoridades federales no pudieron contactarla.

Las indagatorias contra Robles Berlanga y su entorno ya habían derivado en acciones penales. El entonces fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, había prometido castigar a los responsables de la Estafa Maestra y desenmarañar esa red de delincuencia organizada, presuntamente responsable de haber desviado más de 7,000 millones de pesos de 11 dependencias federales, a través de universidades y empresas fantasma durante la administración de Enrique Peña Nieto.

La ex titular de SEDESOL y SEDATU, su ex oficial mayor, Emilio Zebadúa González, y 11 mandos superiores de esas secretarías, debieron comparecer ante un juzgador federal.

Robles Berlanga había sido ingresada al Reclusorio Femenil de Santa Marta Acatitla en agosto del 2019, como presunta responsable del delito de ejercicio indebido de la función pública.

Arvizu Rivas había regresado a Torreón cuando conoció de la detención de su jefa y amiga. A finales del 2019 se instaló en Texas, con su hermana. En enero del 2023, la Auditoría Superior de la Federación recurrió a la misma vía -edictos-para notificarle del procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado en su contra, como presunta responsable de desvío de recursos públicos.

El expediente DGSUB"A"/A.1/099/01/2023 implicaba al ex director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación de Tamaulipas,

Víctor Hugo Segura Pecina y tres proveedores contratados por la Universidad Autónoma Indígena de México, actualmente Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, quienes fueron acusados de utilizar documentación apócrifa.

En septiembre de 2023 -seis meses después de la primera citación-Arvizu Rivas nuevamente fue emplazada mediante edictos para responder por un presunto desvío de recursos -expediente DGSUB"A"/A.2/301/08/2023- y se le citó a una audiencia, para el 23 de noviembre, en la Unidad de Asuntos Jurídicos, para rendir declaración, "por escrito o verbalmente" y ofrecer pruebas en su defensa.

Rosario ya había sido excarcelada, pero existían por lo menos otras tres causas penales abiertas en su contra. Una operación política -que tuvo como contrapartes al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y al entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández- pondría en suspenso su regreso a la actividad pública... ¿y su candidatura presidencial?

Su promoción -que incluía un libro y un documental-quedó en suspenso, mientras que su equipo jurídico, encabezado por Epigmenio Mendieta, logró que los magistrados Noveno Tribunal Colegiado Penal del Primer Circuito revisaran el expediente y concedieran que el caso fuera reconducido a la vía administrativa.

Durante el proceso que la llevó a la cárcel por tres años, a Rosario Robles nunca se le imputó algún delito financiero; la Fiscalía no investigó a las empresas fantasma, ni sus respectivas cuentas bancarias.

Las cuentas bancarias de los exfuncionarios involucrados quedaron bloqueadas por disposición de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero la recuperación de los recursos públicos desviados es uno de los grandes pendientes de la nueva secretaría Anticorrupción y de la FGR.

Los intentos por reabrir las investigaciones fueron redoblados, desde mediados del año pasado. La Fiscalía había re investigado a Tiburcio González, esta vez por el convenio firmado con la Universidad Indigenista del estado de Sinaloa, causa en la que también estaba imputada Arvizu Rojas, cuya situación dio un giro drástico: luego de un malogrado trámite migratorio, la policía ministerial dio con su ubicación y un juez federal concediera su vinculación a proceso.

Como su ex jefa y amiga, fue remitida al reclusorio femenil de Santa Marta Acatitla y actualmente espera que sea desahogado el procedimiento en su contra en el centro hospitalario de Tepepan.

Si la FGR ha decidido "re-investigar" la Estafa Maestra, pronto se verá. Todo depende de Emilio Zebadúa.