Cuando José Ramón Amieva cumplió su primer semestre como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el Diario Oficial de la Federación apareció el decreto que reforma la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

En vísperas del 90 aniversario de la fundación del TFJA, quedó dispuesto un nuevo marco procesal para la tramitación del juicio contencioso administrativo, con plazos máximos para distintas actuaciones de los magistrados de esta entidad, autónomos del Poder Judicial de la Federación.

Con el nuevo marco legal y ya la Junta de Gobierno bajo su control, el ex jefe del gobierno capitalino ha dedicado los primeros meses de su periodo para desmontar las estructuras de control de su antecesor, Guillermo Valls Esponda. Pero el cúmulo de nuevas adscripciones y suplencias ha marcado el periodo en curso dentro del TFJA.

Y es que una decena de magistrados optaron por tramitar licencias prejubilatorias y extenderlas más allá del plazo contemplado legalmente, de tres meses, el magistrado presidente ha logrado que el colegiado apruebe su propuesta para introducir un "estímulo económico sustitutivo" de esa prestación, ante los excesos.

Otro grupo de magistrados tramitó amparos para extender su estancia en el Tribunal, siguiendo los pasos del expresidente, Rafael Anzures. Con un bloque, Amieva ha podido negociar plazas en la estructura, a cambio de desistirse de sus procedimientos. Los casos más notorios: el magistrado de sala regional, Juan Carlos Roa Jacobo, llegó a la Dirección de Asuntos Jurídicos y su colega, Luis Enrique Osuna Sánchez quedó, al frente del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

 El ex jefe del gobierno capitalino ha dedicado los primeros meses de su periodo para desmontar las estructuras de control de su antecesor, con un nuevo marco legal acelera juicios administrativos y fiscales 

Gonzalo Romero Alemán, quien presidió la sala especializada en juicios en línea y demandó al presidente de TJFA a mediados del año pasado, aceptó la dirección general de auditoría del desempeño y control interno.

El magistrado de sala regional, Sergio Flores Navarro, también se integró a la estructura administrativa del TFJA.

Además del cumulo de nuevas adscripciones y suplencias que ha tramitado en el primer semestre del 2026, la Junta de Gobierno y Administración emitió un acuerdo para establecer nuevos lineamientos para el trámite económico sustitutivo de la licencia prejubilatoria.

En esa materia, los magistrados se atienen al párrafo primero del artículo 127 constitucional, que estipula para los servidores públicos una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

Anteriormente, el seguro colectivo de retiro se otorga en favor de los Servidores Públicos que causen baja del Tribunal y se ubiquen en los años de edad y de cotización que establece la Ley del ISSSTE, con el propósito de hacer frente a las contingencias inherentes a la separación del servicio público.

Para el otorgamiento de esta prestación, el pago de la prima correría a cargo del servidor público en un 26.94 por ciento y el otro 73.06 por ciento por parte del Tribunal. Cuando por el comportamiento de la siniestralidad se requiera modificar los porcentajes señalados, se solicitará la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la Junta, según corresponda.

Aquellos que optaron por el sistema de pensiones basado en cuentas individuales, quedaron sujetos a disposiciones específicas y obtendrán sumas aseguradas distintas.

Al parejo de los ajustes administrativos en el TFJA ocurrió una reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que transforma los tiempos de la justicia administrativa en México.

El Decreto publicado el 9 de junio de 2026 incorpora nuevos plazos procesales para actuaciones del TFJA y establece que las sentencias en juicio sumario deberán emitirse en un máximo de medio año.

La firma Baker McKenzie generó un reporte para establecer que este nuevo marco procesal obligará a las empresas a reestructurar de inmediato sus estrategias de defensa fiscal frente a las autoridades. Ahora, los ministros del TFJA tendrán un tope de seis meses para resolver juicios sumarios y solo un mes para que la autoridad cumpla el fallo; se eleva el monto mínimo para activar la revisión fiscal a 27,000 UMAs (3.16 millones de pesos) y se limitan los casos que llegan a segunda instancia.

De acuerdo con los artículos transitorios, el Decreto entró en vigor hace una semana; sin embargo, algunas disposiciones tendrán implementación gradual: la comparecencia digital sin copias impresas aplicará 180 días después de la publicación y los nuevos plazos máximos procesales serán exigibles 240 días naturales posteriores.

La modernización administrativa, correcta. Y la reforma del sistema anticorrupción, necesaria. A los cambios generados en el arranque del sexenio que llevaron a Raquel Buenrostro a la nueva Secretaría, vendrán otras modificaciones que ponen el énfasis en el combate a la impunidad, según refiere su principal promotor, el diputado zacatecano Alfonso Ramírez Cuéllar.

En medio, los cambios administrativos promovidos por Aureliano Hernández, quien cumple dos meses como auditor superior de la Federación. La "revisión integral" de las entidades y dependencias de la administración pública propuesta por el nuevo funcionario contrastan con las liviandades de sus colaboradores más cercanos.

Dos de ellos -Roxana Reyes Herrera y Javier Villarreal Terán- habrían incurrido en conductas indebidas recientemente, al acudir a los festejos del tesorero del ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, Vicente Francisco Aldape Moncada.

Las imágenes que circulan en redes sociales de la zona de perreo en el Macarena, no dejan espacio para malas interpretaciones. El director general de Enlace Legislativo y Asuntos Públicos y su subalterna estarían identificados con el exgobernador zacatecano Ricardo Monreal Ávila.