Un choque de estadísticas ha llamado la atención de los especialistas en seguridad, aunque todavía no es refutado por el gobierno de la República. Los homicidios contabilizados durante el 2025 por el INEGI y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública difieren, sensiblemente, al menos en un tercio de las entidades federativas.

Las brechas van del 4.6% para Sinaloa, al 5.8% para Guerrero, 12.8% para Jalisco y 13.5% para Chihuahua.

Una tríada más de entidades acusa un desfase más acentuado: Michoacán, con 19.2%, Baja California con 19.9% y Guanajuato, con 27%, que en este último caso se traduce en una diferencia de 308 casos.

Las atipicidades quedan rebasadas, en las cifras del Estado de México: la brecha entre los homicidios contabilizados por el INEGI -2,575- y los que las fiscalías reportaron al SESNSP (1,575) es exactamente un millar. ¿Error tipográfico? ¿O estamos ante la brecha estadística más abrumadora del país en materia de seguridad pública?

Ninguna metodología varía tanto por simple criterio técnico. El INEGI aplica el mismo procedimiento en Culiacán que en Ecatepec. Lo que cambia de una entidad a otra no es el instrumento de medición: es quién llena el formato.

  Lo que cambia de una entidad a otra no es el instrumento de medición: es quién llena el formato. 

El contraste con la Ciudad de México termina por incomodar. En la capital, la brecha corre en sentido inverso: el INEGI registró 817 homicidios y el Secretariado 903. La fiscalía capitalina reportó más que el recuento forense. En el Estado de México sucede al revés, con una diferencia de mil muertos invisibles para el registro ministerial.

El gobierno de Delfina Gómez ha edificado su narrativa de gobernabilidad sobre una premisa: que la violencia va a la baja. Una narrativa sostenida en los datos presentados por Marcela Figueroa en el Secretariado, que eran los mismos que el equipo mexiquense llevaba a las mesas de seguridad.

Hoy, la discusión dejó de ser sobre percepción de seguridad para convertirse en un debate sobre veracidad.

Ninguna de las dos explicaciones posibles deja bien parado a la fiscalía mexiquense, a cargo de José Luis Cervantes. Si la brecha relativa no es un error tipográfico, significaría que esa instancia no abrió carpeta por mil homicidios reales.

Este choque de cifras tiene implicaciones muy graves. Y su exposición ocurre en el momento más delicado para el teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, quien encabeza la seguridad mexiquense desde 2024, a la que llegó tras de fungir como secretario de Seguridad Pública en Sinaloa entre 2018 y agosto de 2023, periodo que abarcó las gestiones de Quirino Ordaz y Rubén Rocha Moya.

El pasado 29 de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra el gobernador sinaloense y nueve exfuncionarios sinaloenses por conspiración y vínculos con el crimen organizado, ubicando el inicio de esa red de protección en 2021. Ese periodo coincide con la gestión de Castañeda en Sinaloa, aunque el teniente coronel no aparece nombrado en ese documento ni tiene imputación alguna en su contra.

La coincidencia de tiempos lo coloca en el centro de la atención pública. Es el hombre a cargo de la seguridad en el estado más poblado del país, la entidad con el peor descuadre estadístico de homicidios en México, y sobre quien hoy recae la desconfianza del gabinete federal tras la reprimenda en Palacio.

El silencio ha sido la respuesta recurrente ante ambos frentes. Pero en la política de alto nivel, cuando la confianza con el gobierno central se rompe y las cifras no cuadran, el silencio deja de proteger y se han agotado los plazos impuestos por las autoridades estadounidenses.