Opinión
Gasoductos en pugna
Por Alberto Aguirre
La participación de un empresario en un proyecto energético clave ha despertado suspicacias por sus presuntos vínculos con empresas investigadas por una red de huachicol fiscal.

A mediados del sexenio lopezobradorista quedó plenamente instalado el discurso del rescate de la soberanía energética. En el Congreso de la Unión, la mayoría morenista procesó la contrarreforma que frenó la apertura del sector prometida por los peñistas y entonces comenzó el éxodo de empresas -locales y foráneas-afectadas por el cambio de reglas.

Entre las pocas que plantaron cara al difícil entorno, Gas y Petroquímica de Occidente, una filial de la firma suizo-alemana PRONAM que invertiría 5,000 millones de dólares para la instalación de un complejo petroquímico en Topolobampo, Sinaloa.

En el arranque, el proyecto enfrentó los obstáculos que PEMEX y su división de fertilizantes impusieron para retrasar a otros inversionistas en esta industria. El rescate de la planta de Agronitrogenados que la paraestatal recompró a Alonso Ancira estuvo detrás de las trabas.

Con AMLO en Palacio Nacional y Octavio Romero Oropeza en el rascacielos de la colonia Anzures, empeoró la situación. En campaña, el político tabasqueño había prometido que en el rescate de la producción petroquímica participaría la iniciativa privadas y la empresa decidió iniciar la construcción de su planta en octubre de 2018, con una inversión de 1,250 millones de dólares para la producción de 800,000 toneladas anuales de amoniaco. El excandidato presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa --quien fue gobernador de Sinaloa y secretario de Energía-cabildeó para su causa.

Los pueblos originarios bloquearon los trabajos durante seis años. Y simultáneamente, el gobierno federal comenzó a explorar otros proyectos, vinculados al Corredor Interoceánico. En el 2020, el presidente López Obrador encargó a la Comisión Federal de Electricidad licitar el gasoducto Jáltipan-Salina Cruz, que requeriría una inversión de 434 millones de dólares.

La construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, y la reconfiguración de la refinería de Salina Cruz, volcaron la inversión del sector energético al sur-sureste.

El gasoducto que correría por el istmo de Tehuantepec permitiría competir con las conexiones que llevarían los hidrocarburos a la planta de Topolobampo. Ambos complejos petroquímicos tiene la vista puesta en el sureste asiático.

En las costas oaxaqueñas ya se construye una terminal de abastecimiento y transbordo de gas natural licuado a pequeña escala y sus desarrolladores prevén iniciar operaciones justo dentro de un año, una vez completada su construcción.

Salina Cruz LNG es la empresa que desarrolla el proyecto, en la que se asociaron GFI LNG LP --una firma de soluciones energéticas diversificadas-- y Pilot LNG LLC, un desarrollador de infraestructura de energía limpia en Texas. La participación de un empresario de Huatulco, Genaro Gómez Castañares, ha despertado suspicacias entre los expertos del sector.

 La participación de un empresario de Huatulco, Genaro Gómez Castañares, ha despertado suspicacias entre los expertos del sector. 

Asentado en Houston, casado con una ciudadana estadounidense, Gómez Castañares acumula tres lustros de experiencia en el sector. Hace una década intentó ingresar al mercado de la energía eléctrica en Texas. Las deficiencias financieras y de capital de trabajo de su proyecto, derivaron una crisis de liquidez que finalmente causó la quiebra de Zenergy, en 2020.

La resolución de esos juicios coincidió con la acción emprendida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Luis Valencia y su sobrino Mauricio, quienes usaron a la firma Andra Energy para simular transacciones comerciales de petróleo crudo, cuyo origen no pudo se determinado.

Al no poder comprobar el origen del hidrocarburo, fueron sentenciados a 30 meses de prisión y restituir un millón de dólares al estado de Texas, por haber introducido crudo de origen ilegal.

En agosto de 2024, ambos fueron deportados a México. Genaro Gómez Castañares figuraba como presidente de Andra Energy LLC y estaría sujeto a una investigación del FBI, por su estrecha relación con funcionarios de PEMEX, y en Mexico, por sus vínculos con la empresa Serv Energy LLC.

A finales del 2025, carpetas de investigación de la FGR revelaron que esas empresas estadounidenses colaboraban en una red transfronteriza de huachicol fiscal. Según los expedientes participaban en la triangulación e importación de combustible ilegal, que posteriormente era distribuido en México por empresas del sector logístico y gasolinero.

Estas empresas constituyen un esquema más sofisticado que el empleado por su socio, Mauricio Valencia.

El 10 de mayo de 2022 crearon Salina Cruz LNG LLC, con registro 804560125 en el estado de Texas, para importar y exportar combustibles. Este proyecto contó con el apoyo de Noe Jara Cruz.

Las autoridades estadounidense han registrado que Genaro Gómez aumentó sus salidas a México en los últimos dos meses y especulan que su última salida, el 23 de junio de 2026, es definitiva.

A diferencia del complejo de Topolobampo, el proyecto de la planta de GNL en Salina Cruz no es una gigafactoría. Todo lo contrario. Su diferenciador es el eslabonamiento con una unidad flotante de almacenamiento (FSU) con una capacidad estimada de entre 50 000 y 140 000 m³, que se amarrará dentro del rompeolas recientemente ampliado en el puerto de Salina Cruz.

Su entrada en operación aceleraría la comercialización, el proyecto se está diseñando para incluir equipo de licuefacción modular en tierra y una solución de almacenamiento optimizada. Con una ubicación estratégica en la costa del Pacífico del Canal de Panamá, el proyecto se encuentra en una posición ideal para abastecer a los mercados de combustible y abastecimiento de América del Norte y Central.

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