Además de desempeñarse como secretario de Administración en el Instituto Politécnico Nacional, el doctor Javier Tapia Santoyo tiene participación accionaria en dos empresas. Desde que estas actividades comenzaron a coincidir (desde el 2019) ha recibido depósitos en sus cuentas bancarias, cuyos montos no coincidirían con sus ingresos como servidor público.

Esa discrepancia, casi una obviedad, se acentuó cuando la información fiscal no coincidió con sus declaraciones patrimoniales. Por lo que justo hace unos 11 meses, la Dirección General de Investigación, ahora adscrita a la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, comenzó a allegarse de elementos que permitieran establecer cómo era posible que el funcionario politécnico -anteriormente había sido tesorero del ISSSTE- hubiera obtenido "recursos financieros que no fueron declarados mediante los instrumentos de rendición de cuentas previstos en la ley".

Entonces se localizaron media docena de reportajes periodísticos y dos denuncias anónimas contra Tapia Santoyo, por presunto enriquecimiento oculto y abuso de funciones. Uno, con el folio 20237DGIFA/DE358 ya había concluido. El segundo, por posibles actos de corrupción consistentes en limitar la participación de empresas proveedoras en un proceso licitatorio, estaba en etapa de investigación.

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Economista egresado del Politécnico, con una maestría en ingeniería financiera en La Salle y un doctorado en administración pública de la Anáhuac, Tapia Santoyo ha servido cuatro sexenios como funcionario federal. Primero, como mando medio en las áreas de programación y presupuesto de la Secretaría de Hacienda y DIF nacional; y ya como director general en la Profeco, entre 2012 y 2014. Ese año fue transferido a la SEDATU y concluyó el sexenio peñista como jefe del departamento de mantenimiento y servicios generales en el ISSSTE.

En el 2019 llegó como secretario de Administración al IPN con el entonces recién designado titular de esa institución, Arturo Reyes Sandoval.

Justo hace una semana, el director general de investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, José Octavio Pérez Nava, solicitó la suspensión de Javier Tapia Santoyo hasta en tanto concluya la integración del expediente DGI/DI-A/IPN/28/2025 y se resuelva lo conducente en el procedimiento de responsabilidad administrativa que derivaría, en caso de que se le atribuya la presunta comisión de una violación a la Ley General vigente.

Los efectos de la suspensión, en términos de la fracción primera del artículo 124, obligan a suspender el acceso del servidor público a su cuenta de correo electrónico jtapias@ipn.mx y a la documentación, cuentas de sistema y app institucionales, así como a "todo uso de recursos públicos financieros, humanos y materiales".

Su percepción salarial se redujo al 30% de su ingreso real. Tapia Santoyo tuvo cinco días hábiles para presentar probanzas en descargo.

"Las presuntas faltas administrativas materia de investigación se encuentran estrechamente relacionadas con la administración de recursos públicos, mismos que pueden ser humanos, materiales y financieros", confirmó la SABG.

La suspensión fue concedida de manera provisional y de inmediato fue notificado el director general del IPN, quien fue advertido: si incumplía con esa determinación en un plazo máximo de 24 horas, incurriría en desacato y sería acreedor a otras medidas de apremio contempladas en la legislación vigente.

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Las primeras denuncias contra el funcionario se tramitaron en el último tramo del sexenio lopezobradorista. Roberto Salcedo Aquino seguía al frente de la entonces Secretaría de la Función Pública, pero sus contralores no habían actuado contra el "cartel de la limpieza", que acumulaba quejas en por lo menos una docena de dependencias federales.

La primera semana del 2024, el OIC recibió una queja por un caso de supuestos contratos ilícitos y favoritismos en las licitaciones en la que se apuntaba a Tapia Santoyo como parte instrumental de una red para celebrar contratos con empresas fantasma, junto con José Alonso García Salazar, titular de la dirección de Recursos Materiales e Infraestructura.

Era a propósito de la licitación IA-11-B00-011B00001-N-6-2024. Y de acuerdo con algunos licitantes, hubo manipulaciones y ventajas indebidas, presutnamwente para favorecer a la empresa entonces contratada para prestar los servicios. Nanolimpieza -decía la denuncia- estaba vinculada a otras firmas, coordinadas por el denominado "zar de la limpieza" José Juan Reyes Domínguez y José Juan Reyes Mote.

Esos expedientes fueron entregados a la nueva administración, en septiembre del 2024. Y la información también fue compartida con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal. El secretario de Administración del IPN, se insistía, estaba en el epicentro de una trama financiera a través de la firma de convenios con empresas que nunca realizaron las actividades para las que fueron contratadas.

El funcionario tendría en su gama de beneficiarias a Servicios Integrales Retimar, elegida como encargada del aseo hasta 2028, pese a supuestas irregularidades en el proceso de compra IA-11-B00-011B00001-N-2187-2025.

La permanencia de Tapia durante más de dos años después de los primeros señalamientos exhibió una contradicción grave, sobre todo porque encabezó el Comité de Ética mientras aumentaban las dudas sobre su propio desempeño.

El retiro temporal de Javier Tapia Santoyo como secretario de Administración del IPN refleja un deterioro profundo en los mecanismos de supervisión del instituto. Una acusación aislada no explica la intervención de la Secretaría Anticorrupción; lo hace una trayectoria marcada por denuncias, contratos cuestionados y decisiones que impactaron la operación financiera del Politécnico. La medida cautelar llegó en el momento en que el funcionario amplió su margen de influencia sobre presupuesto y adjudicaciones. El contrato de limpieza que comprometió al instituto con una empresa señalada por prácticas irregulares elevó el conflicto a un nivel insostenible.