Los mismos autores de la narrativa del "cartel inmobiliario" están detrás de la nueva bandera morenista en la Ciudad de México. En la construcción de su liderazgo, el diputado local Paulo Emilio García ha denunciado a la "mafia del despojo", a raíz de los conflictos recientes, generados en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez.

A diferencia de hace un trienio, la coyuntura impide vincular directamente a funcionarios locales con desarrolladores inmobiliarios. La fiscalía encabezada por Bertha Alcalde Luján ha atendido las denuncias y los indicios apuntarían al presunto involucramiento de notarios y corredores públicos en redes dedicadas al despojo de viviendas habitadas por personas de la tercera edad o desocupadas.

El boom de los mega desarrollos es distinto -y tal vez posterior-al problema recientemente expuesto: actos de violencia, bloqueos y agresiones físicas por la posesión de inmuebles donde podrían erigirse proyectos de vivienda nueva.

Los desarrolladores y los defensores de los derechos de los colonos de las zonas impactadas por las obras, confrontados. Estas historias tienen protagonistas polémicos. Entre los más visibles, el concejal morenista y activista, Hugo Torres Zumayaya, y el abogado Arturo Aparicio Velázquez.

Uno de los casos más recientes se presentó en el edificio ubicado en Coahuila 30, en la colonia Roma Norte, donde los vecinos denunciaron un presunto desvío de más de 318,000 pesos destinados a un estudio estructural, señalamiento que también involucraría al abogado Aparicio Velázquez.

Arturo es integrante del Colectivo Claudia Cortés, dedicado a monitorear el desarrollo urbano en la capital. Entre los desarrolladores lo conocen como "el Rey de los amparos" y lo señalan porque al menos en los últimos ocho años ha gestionado "un número inusualmente alto" de expedientes judiciales -amparos y quejas administrativas tanto federales como locales- con más de 30 recursos legales contra autoridades capitalinas y construcciones nuevas en la CDMX.

 La presión inmobiliaria ha provocado discriminación, aumento en la cuota predial, escasez de agua potable, desplazamiento por la especulación inmobiliaria, problemas de movilidad y política de los pueblos

Recientemente, trabajadores de la construcción y desarrolladores inmobiliarios lo han señalado de promover amparos y clausuras de obra presuntamente como mecanismo de presión para negociar acuerdos económicos en colonias de alta plusvalía.

En el extremo opuesto a sus detractores, vecinos de distintas demarcaciones que reconocen sus gestiones. Anteriormente ganó una demanda BeGrand por un desarrollo inmobiliario en la avenida Mariano Escobedo, de la alcaldía Miguel Hidalgo, y representó a los pobladores de Xoco y de Santa Cruz Atoyac, en la alcalía Benito Juárez.

Hace dos años, detuvo la obra de San Felipe 33, ubicada en las inmediaciones de la estación Zapata, de la línea 3 del SCT Metro. Asesorados por Aparicio Velázquez, los vecinos acudieron ante lo que era SEDUVI, a cargo de Inti Muñoz, quien detectó irregularidades en los permisos, tramitados en 2016, lo que derivó en un cierre total de la construcción y la caseta de ventas.

 "La presión inmobiliaria ha provocado discriminación, aumento en la cuota predial, escasez de agua potable, desplazamiento por la especulación inmobiliaria, problemas de movilidad y -lo más delicado-ha vulnerado la vida cultural y política de los pueblos" 

Para negociar con los vecinos, los inversionistas recurrieron a cabilderos. "Entre los más incisivos estaban los que representaban a Fibra Uno, los constructores de Mitikah", mencionan vecinas que participaron en las pláticas. "Entre las obras de remediación, prometieron un parque que sí construyeron, pero ahora es un tema de salud pública y seguridad por venta de droga y gente en situación de calle de lo que no se quiere hacer responsable la alcaldía. A los habitantes de Xoco prometieron apoyarlos, porque con la torre se les quintuplicó el costo del predial y tampoco cumplieron. En eso estaba ayudando Arturo Aparicio".

Otros cabilderos fueron contratados por los socios de Square Coyoacán, quienes convencieron de "repartir" 50 mil pesos por familia para que no se opusieran a la construcción de Único Priveé, Square Coyoacán y un edificio junto al hospital de Xoco. El líder vecinal de Santa Cruz Atoyac que recibió los fondos falleció y los empresarios se quejaron por haber erogado 5 millones de pesos sin obtener resultados.

"Así que no solo se compran voluntades, corrompiendo vecinos, lo que ha roto el tejido social de los Pueblos Originarios y comunidades aledañas; además, aparentemente, falsifican documentos para salirse con la suya", se quejan vecinas de esos desarrollos inmobiliarios.

A finales de marzo pasado, el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Pablo Yanez Rizo recibió al Concejo del Pueblo de Santa Cruz, los representantes de la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco y vecinos de las colonias aledañas a la sede de la alcaldía Benito Juárez. A nombre de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, refrendó el compromiso de mantener la suspensión de proyectos inmobiliarios en los territorios de los pueblos originarios.

Apenas dos meses después, su sucesor, Enrique Irazoque -quien trabajó con Alejandro Encinas-, rompió esa promesa y autorizó la reanudación de la torre de Square Coyoacán, de 23 pisos, a pesar de la existencia de un amparo.

"La presión inmobiliaria ha provocado discriminación, aumento en la cuota predial, escasez de agua potable, desplazamiento por la especulación inmobiliaria, problemas de movilidad y -lo más delicado-ha vulnerado la vida cultural y política de los pueblos, poniendo en riesgo su existencia y orillándolos a la extinción", refieren los colonos.

Actualmente hay cinco desarrollos que representan más de 1,700 nuevos departamentos que implican la llegada de nuevos habitantes en un territorio con capacidad limitada de servicios.

A su juicio, Aparicio Velázquez ha sido blanco de una campaña mediática originada por los desarrollades inmobiliarios. "Ellos son los que extorsionan, amenazan, compran voluntades son los mismos desarrolladores abusivos. Nosotras también hemos recibido amenazas", detallan.

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