En la última década fueron exiguas -menos de una veintena-- las apariciones públicas del líder de los burócratas, Joel Ayala Almeida. Después de Pemexgate, que condenó a la dirigencia del sindicato petrolero a un ostracismo autoimpuesto, los presidentes panistas prefirieron a Elba Esther Gordillo y sus promesas de control del aparato electoral, mientras que otros gremios de empleados gubernamentales -el SME y los ferrocarrileros, por mencionar a los más denostados-quedaron convertidos en meras siglas, tras la extinción de su materia de trabajo.

El regreso del PRI a Los Pinos, en el 2012, supuso un reposicionamiento del movimiento obrero. Para el secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), tener a su paisano Manlio Fabio Beltrones Rivera al frente de la Cámara de Diputados permitió un tránsito terso en los primeros años del Pacto por México, que justamente en la defenestración de Gordillo Morales entre sus principales cimientos.

La lideresa del magisterio nacional pasó cinco años recluida en Tepepan. Ayala Almeida desaparecería de la escena pública también por causas de fuerza mayor y solo sus más cercanos tendrán acceso a su mansión del Pedregal hasta finales del año pasado, cuando su salud sufrió un notable deterioro.

Acaban de cumplirse dos semanas del fallecimiento del líder máximo de la FSTSE; quien tenía 78 años de edad. Elba Esther Gordillo justo celebró su 80 cumpleaños. En México, los líderes obreros nunca se jubilan. Incluso en el ostracismo, mantienen su influencia.

En sus 26 años al frente de la federación de sindicatos de burócratas, Ayala Almeida tuvo que negociar con representantes de gobiernos panistas, priistas y morenistas. Con estos últimos logró amortiguar los efectos de la austeridad republicada y evitó el la pérdida de plazas, aunque el ejército de brigadistas/censadores que integró la 4T bajo la figura de los servidores de la nación (personal eventual que le apuesta al cumplimiento de la promesa de la definitividad) no se incorporó a sus bases cotizantes.

El capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos de la Federación agrupa las asignaciones del gasto público destinadas al pago de remuneraciones a los empleados de la administración pública federal. En la era post pandémica, la contratación de personal de confianza se ha visto menguada a mínimos históricos.

Mantener disciplina en la contratación de personal en el segundo piso de la 4T depende ahora de un equipo formado en el gobierno capitalino y entre quienes destaca Agustín Rodríguez Bello, quien ha acompañado a Claudia Sheinbaum desde que fue jefa delegacional.

Justo con su rúbrica está el oficio que recibieron -una semana antes de que concluyera el 2024- los oficiales mayores y los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas de las dependencias federales, con los criterios para la contratación de prestadores de servicios profesionales por honorarios para el ejercicio fiscal de 2025.

Salvo las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, todas las secretarías, institutos y organismos de la administración pública federal quedaron sujetos a dichas disposiciones específicas, aplicables a la partida 12101 y sujetas al cumplimiento de los calendarios de gasto autorizados.

Adiós a la discrecionalidad en las contrataciones por honorarios y a la asignación de salarios suntuosos. Para lo primero, todos los procedimientos están sujetos a la autorización que emita la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda.

"No aplicará retroactividad en la contratación de prestadores de servicios profesionales por honorarios, debiendo el ejecutor de gasto realizar las gestiones con suficiente antelación a la fecha propuesta de ingreso, quedando bajo responsabilidad de las personas titulares de los ejecutores de gasto, las consecuencias derivadas a causa de la omisión señalada", dice la circular firmada por Rodríguez Bello.

La UPCP comunicará a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno los montos brutos mensuales que se consignen en los contratos de prestaciones de servicios profesionales por honorarios. Estos deberán ajustarse invariablemente a los límites establecidos en el tabulador de percepciones y, por ende, al limite constitucional. Nadie puede ganar más que la Presidenta de la República.

Así, quedaron definidas 52 posiciones distintas. La plaza por honorarios más baja percibe 10,500 y la más alta, 98,000 pesos.

Este nuevo tope salarial ha causado molestias en algunos sectores de la burocracia federal. Y justo en el comité de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción -que desde la semana pasada preside Vania Pérez- hubo reacciones iracundas, tras de que el secretario técnico de ese organismo público descentralizado no sectorizado, Roberto Moreno, notificara a los cinco integrante del CPC que sus percepciones salariales pasarían de 120,000 a menos de 85,000 pesos mensuales.

En agosto del año pasado habían solicitado un "ajuste a la contraprestación" salarial, de 10% al alza, que no procedió.