A las movilizaciones de palcohabientes molestos, la disidencia , conductores por aplicación y preparatorianos rebeldes podrían sumarse los anfitriones de apartamentos de corta estancia que en vísperas del arranque de la Copa Mundial de Futbol han sido forzados por las autoridades capitalinas a inscribir sus propiedades en un padrón de anfitriones.

El destinatario indirecto de la regulación es Airbnb, plataforma digital que desde hace cinco años ha tenido que cumplir con disposiciones jurídicas y que en la Ciudad de México deberá ceñirse a la Ley de Rentas Justas que actualmente dictamina el congreso local.

Compartir espacios es distinto a la renta de un inmueble, sostienen los operadores tecnológicos, quienes plantearon una legislación diferenciada, mientras que el gobierno de Clara Brugada promueve restricciones a los alojamientos completos dedicados al denominado servicio de estancia turística eventual aunque representan menos del 1% de las viviendas en la CDMX.

La regulación vigente, aprobada en octubre de 2024, incluye una restricción al 50% de noches al año para los anfitriones. Así, la industria hotelera quedaba protegida pero resultaban afectados indirectamente miles de turistas que recurren a aplicaciones como Airbnb para conseguir alojamiento accesible fuera del Centro Histórico.

Airbnb presentó una demanda de amparo en contra de la Ley de Turismo de la Ciudad de México y su Reglamento aduciendo que anualmente generan más de 15,000 millones de pesos en aportaciones económicas -de los cuales 650 millones de pesos corresponden al Impuesto sobre el Hospedaje en la Ciudad de México y 5,500 millones de pesos en concepto de IVA e ISR--, además de generar más de 63 mil fuentes de trabajo en la Ciudad de México.

Hace unos días, el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Clara Brugada, puso en marcha el Registro Digital Obligatorio para Plataformas y Anfitriones de Alojamiento Temporal; las reacciones han sido diversas, la principal es que el plazo en medio de los preparativos para recibir a los turistas que llegarán al Mundial es muy corto, pues tan sólo se dieron 30 días para realizar el trámite.

  El Registro Digital Obligatorio para Plataformas y Anfitriones de Alojamiento Temporal, ha tenido reacciones diversas y advertencias de que el plazo establecido es muy corto y  no todos en la administración de Clara Brugada concuerdan con la medida.

A partir del registro en el portal, empezarán a contar las noches que se renta cada espacio; según lo dejó establecida la pasada administración capitalina, que de manera interina llevó Martí Batres, los casi 30,000 alojamientos temporales que existen en la capital sólo pueden estar ocupados el 50% de las noches.

No todos en la administración de Clara Brugada concuerdan con la medida, pues saben que el reto será difícil de enfrentar con el Mundial en puerta y cuando a finales de año convivan la Fórmula 1 con el desfile de Día de Muertos, cuando la ciudad se puede quedar sin suficiente espacio de hospedaje.

La secretaria de Turismo capitalina, Alejandra Frausto, ha medido el impacto negativo que tendría echar a andar ya la restricción, por lo que ha tratado de convencer a la mandataria local de que el plazo sea mayor y se realice para después de la justa mundialista.

Las resistencias han venido de la Secretaría de Vivienda, de Inti Muñoz; dependencia encargada de redactar y garantizar la implementación de la norma a la que deberán adherirse cuanto antes los anfitriones de una decena de plataformas que operan en la CDMX.

El Padrón de Anfitriones cerrará inscripciones el próximo 20 de junio. Y en el Poder Judicial de la Ciudad de México se habrán acumulado miles de amparos tramitados por pequeños y medianos propietarios. Simultáneamente, se alista una movilización para protestar contra el gobierno capitalino que, dicen, incumplió con el acuerdo de hacer una legislación diferenciada que no violentara los derechos humanos.

Una nueva política de vivienda para la Ciudad de México, en ciernes. Actualmente casi 2 millones de capitalinos viven bajo el régimen en renta. Entre los habitantes de las zonas centrales, más del 40 por ciento destina parte de sus ingresos al alquiler, y en muchos casos los hogares más pobres llegan a gastar hasta la mitad de sus ingresos en este rubro.

La jefa de gobierno ha propuesto una reforma al marco legal vigente para incorporar mecanismos concretos para contener el alza de rentas y enfrentar fenómenos como la gentrificación. Su iniciativa para una Ley de Rentas Justas, razonables y asequibles deberá ser dictaminada por el Congreso de la Ciudad de México durante el próximo periodo ordinario de sesiones.

En la discusión del nuevo ordenamiento, los legisladores deberán ceñirse a los criterios establecidos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La solución de fondo implica incrementar significativamente la oferta de vivienda mediante inversión pública y privada. En primera instancia, el gobierno capitalino requiere ampliar su reserva territorial y enseguida establecer los mecanismos de acceso, en particular a los sectores que menos recursos tienen y a los jóvenes, a fin de contribuir al arraigo vecinal, disminuir las desigualdades territoriales y construir relaciones inquilinarias justas y equilibradas.

 La solución de fondo implica incrementar significativamente la oferta de vivienda mediante inversión pública y privada. 

Actualmente, se estima que la Ciudad requiere alrededor de 60,000 viviendas anualmente para hacer frente a la demanda. Esto significa que en la actualidad hay más de cuatro veces más viviendas deshabitadas que las que son necesarias para cubrir las necesidades de vivienda durante el lapso de un año.

La escasez de viviendas en la capital se ha acentuado debido a una disminución del 75% en la construcción de nuevas viviendas entre 2016 y 2022. Al mismo tiempo, existen alrededor de 280,000 viviendas deshabitadas en la Ciudad, este número representa alrededor de 10 veces más que el número de espacios dedicados al servicio de estancia turística eventual y alrededor del 10% del total de la vivienda construida en la Ciudad.