El 23 de abril comienza a correr el plazo de 30 días naturales para integrar la lista de reconocimiento de acreedores de CIBanco, institución que cinco meses después de ser proscrita por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entra en su etapa final: de liquidación.

Una semana antes -el 15 de abril-el juzgado 12º de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México emitió la declaración judicial con la que formalmente inició la liquidación de CIBanco. Casi simultáneamente, las autoridades financieras de México y Estados Unidos emprendieron las acciones que permitirán cubrir los reclamos de los empleados, clientes, proveedores, obligacionistas y, en su caso, acreedores de índole diversa. La lista provisional de reclamos integrada por el apoderado liquidador reconoce adeudos por más de 9,500 millones de pesos.

El 16 de abril, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) modificó la sección B del acuerdo por el que prohibió a las instituciones financieras estadounidense realizar cualquier transferencia de fondos desde o hacia CIBanco. A partir de esa fecha, autorizó "todas las transferencias de fondos que sean habituales y necesarias para que el Gobierno de México liquide CIBanco". Estas quedaron condicionadas a que el liquidador haya determinado que dicha transferencia de fondos sea necesaria y no esté prohibida por la ley.

La prohibición del FinCen para realizar operaciones con CIBanco está vigente desde el 30 de junio de 2025 y ha tenido dos adendas, desde entonces. Primero por la vía de la intervención administrativa y después con la declaratoria de liquidación, las autoridades mexicanas aplicaron lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley de Instituciones de Crédito.

 La lista provisional de reclamos integrada por el apoderado liquidador reconoce adeudos por más de 9,500 millones de pesos. 

El proceso quedó a cargo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, cuya directiva designó al despacho contable Alvarez & Marsal México, primero como administrador cautelar y después como apoderado liquidador.

Las sucursales de CIBanco fueron cerradas el 26 de junio y reabrieron hasta el 13 de octubre de 2025, exclusivamente para consultas, aclaraciones o presentar una solicitud de pago de obligaciones garantizadas al IPAB, así como para realizar el pago de los créditos otorgados por CIBanco.

Sergio Gerardo Meneses Echegaray quedó como representante legal del apoderado liquidador.

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Afectada por la prohibición del FinCen, junto con Intercam y la casa de bolsa Vector, CIBanco fue clasificado como una institución "de principal preocupación en materia de lavado de dinero" para las autoridades financieras estadounidenses.

Hasta el año pasado, de acuerdo con los registros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CIBanco se ubicaba en la vigésima posición, entre las 51 instituciones de banca múltiple con operaciones en México. Sus activos estaban valuados en 142,389 millones de pesos mexicanos, lo que representaba apenas 0.94% de los activos bancarios en México.

"El impacto macroeconómico de prohibir transferencias de fondos que involucren a CIBanco sería insignificante", determinó el FinCEN tras considerar que era utilizado para facilitar el financiamiento ilícito por parte de organizaciones delictivas.

"CIBanco tiene un historial de vínculos con organizaciones de narcotráfico internacionales y de facilitación de transacciones en su nombre. La exposición de CIBanco a transacciones asociadas con presuntas actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de opioides, así como su facilitación de las mismas, concuerda con un patrón de larga data de asociaciones y realización de transacciones para el Cártel del Golfo, el Cártel de los Beltrán Leyva y el CJNG".

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Era cuestión de tiempo. Apenas unas semanas después de la intervención a CIBanco, surgió una primera disputa por casi la mitad de sus 205 sucursales. Entre los interesados estaban Mifel, Bankaool, Santander y Kapital Bank.

El área fiduciaria de CIBanco era todo un trabuco, pero también muy ambicionada por la competencia. El apoderado liquidador designado por el IPAP ha recibido un cúmulo de denuncias por prácticas lesivas a los intereses de sus clientes.

Autopréstamos sin garantías, triangulación con empresas fachada y doble contabilidad... Denuncias que exponen un fraude sistémico, sofisticado y silencioso que involucra a otros intermediarios financieros, como Sacbepayment y FINSUS, pero también a algunos de los Siete Grandes.

¿Hechos aislados o un robo quirúrgico? Las evidencias más contundentes apuntan a una estructura donde los accionistas se prestaban cientos o miles de millones de pesos sin garantías, sin reportes contables y sin intención de reembolso. Y a la intermediación de empresas fachada, vehículos para simular operaciones cambiarias y ocultar autopréstamos.

Cheques sin fondos, cuentas puente y bancos aliados que a sabiendas de la verdadera procedencia de los recursos --que los propietarios reales no existían y que la empresa era una fachada-ejecutaban las transferencias para cubrir pasivos generados por los accionistas con operaciones cambiarias, todo con apariencia legítima.

Las evidencias más contundentes apuntan a una estructura donde los accionistas se prestaban cientos o miles de millones de pesos sin garantías

El secreto bancario obliga a preservar los nombres de los involucrados y los números de cuenta de los ejemplos que han documentado los quejosos, afectados por estas redes que operaban con CIBanco, Intercam y FINUS Financiera Sustentable, entre otros.

En el centro de la trama -denuncian-está Servicios Electrónicos de Mercadotecnia Directa. En CIBanco, detallan, funcionaba un área especial -denominada Cartera Dinámica Internacional--, para llevar una contabilidad paralela y encubrir movimientos no registrados, que operaba con conocimiento de varios directivos.

Este modus operandi no es nuevo. Los dueños de CIBanco fueron antes controladores de IXE Banco, beneficiado del rescate del FOBAPROA.

Entre los acreedores que buscarán recuperar sus recursos con la liquidación de CIBanco están los accionistas de TRESE. Su reclamo sería por 19.6 millones de dólares, aunque llegaría a los 45 millones de dólares, por los contratos otorgados por PEMEX a un consorcio petrolero para el arrendamiento de un Jack-pot.