La idea promete "eficiencia tributaria", pero, sin estabilidad macroeconómica y sin un programa de complejización y ampliación productiva, la reforma inevitablemente podría derivar en desfinanciamiento provincial e incertidumbre.

Tal como trascendió mediáticamente, la reforma vuelve a encender una vieja discusión federal: la disputa por los recursos tributarios y la posibilidad o no de contar con presupuestos públicos que den respuestas a las demandas ciudadanas, enmarcado en un gobierno inédito que quiere la desaparición del Estado.

El debate por un posible nuevo régimen de recaudación del IVA también vuelve a poner sobre la mesa un problema histórico: cómo organizar un sistema tributario federal que sea eficiente (¿y progresivo?) sin profundizar las desigualdades entre las provincias.

Todo se reactivó en las últimas semanas tras declaraciones del ministro Luis Caputo, quien dejó trascender la intención de avanzar hacia un esquema donde la Nación mantenga su porción del IVA, y cada jurisdicción pueda fijar su propia alícuota.

En la primera versión del plan, Economía evaluaba reducir la alícuota nacional del IVA al 9% y habilitar a las provincias a sumar un porcentaje adicional, no coparticipable. El objetivo oficial: que "cada provincia viva con sus propios recursos" e incentivar la competencia fiscal. La idea naufragó antes de tomar forma.

Promover competencia tributaria en un país con enormes asimetrías económicas es, sin lugar a dudas, una fantasía libertaria. Sin embargo, el debate actual no solo pone de manifiesto las desigualdades estructurales producto de acumulaciones históricas de ausencia de políticas públicas integrales, sino que también pone la lupa sobre la pereza fiscal a la que lleva un régimen de distribución de recursos obsoleto, así como la dependencia misma hacia el sistema tributario federal.

 Promover competencia tributaria en un país con enormes asimetrías económicas es, sin lugar a dudas, una fantasía libertaria. Sin embargo, el debate actual no solo pone de manifiesto las desigualdades estructurales producto de acumulaciones históricas de ausencia de políticas públicas integrales, sino que también pone la lupa sobre la pereza fiscal a la que lleva un régimen de distribución de recursos obsoleto, así como la dependencia misma hacia el sistema tributario federal. 

Hoy, la provincia más rica tiene un PBI per cápita seis veces mayor que la más pobre. Si se aplicara el primer esquema de reforma tributaria, donde Nación aplicaría una alícuota del 9% y las provincias eligiesen la alícuota provincial, provincias del Norte Grande como Formosa, Catamarca, Misiones o La Rioja tendría que fijar alícuotas "izquierdamente delirantes": 40%, 50% o incluso 60% para compensar la pérdida de coparticipación por la reducción de la alícuota nacional del IVA desde el 21% al 9%, y la eliminación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

El resultado habría sido un golpe directo a sus bases productivas y un freno al crecimiento, desde que, según el modelo de la competencia imperante, las empresas se trasladarían a jurisdicciones donde las alícuotas impositivas fuesen menores.

La segunda versión que trascendió luce más razonable, pero los riesgos siguen presentes. Esta versión más moderada propone: mantener el IVA nacional del 21% (que se seguiría coparticipando), sumar un componente provincial del 8%, y eliminar Ingresos Brutos a cambio.

La alícuota adicional sería administrada por cada provincia. En principio, se eliminarían las típicas distorsiones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que todo buen liberal exacerba, como la acumulación en cadena, pérdida de competitividad exportadora y regresividad sobre el consumo.

Pero no todas las provincias saldrían bien paradas. Observemos el siguiente gráfico. En varias jurisdicciones, la recaudación actual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos supera holgadamente el equivalente del 8% propuesto para la alícuota provincial del IVA. En Misiones, por ejemplo, un IVA provincial del 8% solo llegaría a cubrir el 32% de la recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos, o visto de otro modo, la pérdida sería del 68% del impuesto vigente. Otras jurisdicciones-CABA, Neuquén, Tucumán, Mendoza, Salta-también necesitarían aumentos relevantes. 

En el otro extremo, Santiago del Estero, con un alícuota provincial del IVA del 8%, más que duplicaría la recaudación del impuesto provincial a eliminar. En estas enormes diferencias podemos leer distintas problemáticas según miremos los números en rojo o en verde: desigualdad de las matrices productivas, asimetrías demográficas, falta de incentivos para mejorar el uso de las bases tributarias provinciales, necesidad de sobre-explotar las bases tributarias propias, la dependencia sobre el régimen federal de impuestos, lo injusto de un sistema de coparticipación sin criterios objetivos de reparto.

Ante esta nueva propuesta, no solo la economía real sigue presa de la incertidumbre, sino que se magnificarían las asimetrías. Aún si la reforma fuera técnicamente sólida, su efecto dominó sería incierto.

La creencia de que eliminado un impuesto como lo es Ingresos Brutos para ser reemplazado por un IVA provincial traerá eficiencia, empresarios e inversión, es otra fábula del mismo libreto libertario.

 La creencia de que eliminado un impuesto como lo es Ingresos Brutos para ser reemplazado por un IVA provincial traerá eficiencia, empresarios e inversión, es otra fábula del mismo libreto libertario 

El problema de fondo: falta de planificación estatal y articulación gubernamental. Las iniciativas del gobierno-el RIGI primero, la reforma tributaria ahora-comparten un rasgo común: parten de diagnósticos técnicos atendibles, pero carecen de un marco de planificación nacional que ordene expectativas y dé señales de estabilidad. El naufragio del Pacto de Mayo se inscribe en estos términos.

Sin un horizonte claro, ninguna ingeniería impositiva alcanzará para movilizar la inversión. Repetimos lo que dijimos cuando desde el Grupo Atenas analizamos la propuesta de competencia fiscal: nuestro sistema tributario federal necesita reducir la carga sobre la producción de bienes y servicios y orientarla hacia un esquema que expanda la frontera de posibilidades productivas en cada provincia, promoviendo inversión, innovación y empleo. El trabajo, como ordenador natural de la vida familiar y social, requiere un marco fiscal que lo potencie, no que lo asfixie. En línea con los países desarrollados, impuestos progresivos sobre los ingresos, la propiedad o las herencias pueden cumplir un rol central en la igualación de oportunidades y la cohesión social, creando las condiciones para un desarrollo sostenible y un progreso compartido para todos los ciudadanos.

No obstante, el verdadero desafío no puede ser soslayado: sin una macroeconomía estable no es posible que la microeconomía se ordene, y sin mejoras en la microeconomía no es posible sostener la estabilidad macroeconómica. La idea de que "la macro está bien y que los beneficios se derramarán espontáneamente sobre la micro" es incorrecta tanto empírica como conceptualmente. Ni la macroeconomía ni la microeconomía muestran condiciones saludables: la primera se sostiene sobre equilibrios frágiles y políticas defensivas, y la segunda refleja un entramado productivo debilitado, con baja demanda, márgenes ajustados y capacidad instalada ociosa.

 El verdadero desafío no puede ser soslayado: sin una macroeconomía estable no es posible que la microeconomía se ordene, y sin mejoras en la microeconomía no es posible sostener la estabilidad macroeconómica.

En otras palabras, no existe un equilibrio virtuoso posible si ambas dimensiones no se fortalecen de manera simultánea y coordinada.

Recomponer reservas del Banco Central, despejar los vencimientos de deuda del próximo año, y administrar tipo de cambio y tasas de forma consistente con la recuperación económica en todo el territorio nacional son algunas de las condiciones mínimas para poder implementar una reforma tributaria seria.