Justicia
Una Corte sin mujeres es una Corte sin justicia
Por María José Lubertino
El incumplimiento de una exigencia tan básica en el máximo tribunal constituye una señal negativa para avanzar en las transformaciones que resultan necesarias para alcanzar una justicia con verdadera perspectiva de género.

El anuncio del Presidente Milei de convocar a sesiones extraordinarias a partir del 20 de enero e insistir en el Senado con la aprobación de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla vuelve a ponernos en guardia al movimiento de mujeres y diversidades, a los feminismos, a las organizaciones de derechos humanos y ambientales, y todas las organizaciones de la sociedad civil, académicas y de la comunicación que velamos por la transparencia y el acceso a la Justicia y contra toda forma de corrupción.

Recordemos que los dos candidatos recibieron sendas impugnaciones y cuestionamientos de instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y de diferentes espacios: 34 impugnaciones Lijo y 23 García Mansilla. Y entendemos que las mismas no fueron satisfactoriamente contestadas en las respectivas audiencias que hubo en el Senado los días 21 y 28 de agosto del 2024. Especialmente la falta de paridad entre mujeres y varones en la Corte resulta el primer escollo ineludible al que no pudieron contestar. Si son buenos en Derecho Constitucional, requisito imprescindible para ir al Alto Tribunal, no pueden soslayar el mandato constitucional hoy vigente, ellos mismos no pueden justificar su designación. Y si no consideran este mandato vigente, no saben Derecho Constitucional ni tienen perspectiva de género como para estar en ese cargo.

Además, ante la falta de espacios que permitieran una efectiva participación de la ciudadanía en el marco del proceso de designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, organizaciones de la sociedad civil realizamos el 22 de agosto del año pasado una audiencia pública ciudadana en la Cámara de Diputados para expresar nuestras preocupaciones en torno a los candidatos.

En dicha audiencia hubo tres paneles. En el primero, sobre igualdad de género en la composición de la Corte, se hizo foco en uno de los aspectos más visibles de las candidaturas: la nula diversidad de género en la potencial composición de la Corte. La pluralidad de género en cargos públicos y en espacios de toma de decisión no es una opción, sino una obligación jurídicamente vinculante que surge de la Constitución y los tratados internacionales. El incumplimiento de una exigencia tan básica en el máximo tribunal constituye una señal negativa para avanzar en las transformaciones que resultan necesarias para alcanzar una justicia con verdadera perspectiva de género.

En el segundo panel se analizaron los serios problemas que presenta la candidatura de Ariel Lijo, juez actualmente a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4. Las y los expositores hicieron hincapié en que el candidato no cuenta con una trayectoria académica y profesional a la altura del cargo que se pretende cubrir, a los problemas en su desempeño en la investigación de causas penales, y en particular de las causas de corrupción, y a las fundadas sospechas que pesan sobre su independencia e integridad.

En cuanto a la candidatura de Manuel García-Mansilla, académico y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, las críticas se centran sobre posturas públicas que podrían implicar retrocesos en materia de derechos humanos, con énfasis en sus visiones restrictivas en temas de género y de derechos de usuarios/as y consumidores/as y ambientales. Una postura originalista propone interpretar, por ejemplo, la Constitución Nacional tal como la concibieron quienes la redactaron en 1853. Es decir que García-Mansilla no comparte, por ejemplo, la perspectiva progresiva en la interpretación constitucional que trajo aparejada la reforma constitucional de 1994 y, mucho menos, las nuevas demandas respecto de la igualdad de género y diversidades ni las más avanzadas interpretaciones de los órganos de tratados en materia de derechos humanos. En particular, sus posiciones llevadas a la CSJN implicarían una restricción de los derechos a la vida, a la salud (incluyendo los derechos sexuales y reproductivos), a la autonomía, a la libertad y a la dignidad de las mujeres. La afectación a estos derechos como consecuencia de las restricciones al aborto ha sido objeto de recurrentes observaciones por parte de los organismos internacionales encargados de velar por la vigencia de los tratados internacionales de derechos humanos.


Oportunamente, el Diputado Fernando Carbajal había anunciado en la Audiencia Pública Ciudadana que los diputados y las diputadas de diferentes partidos entonces presentes exigirían a la Comisión de Acuerdos del Senado que realice una reunión informativa para que sus integrantes puedan escuchar los planteos que la sociedad civil expresó en esta. No sabemos el avance de esa gestión, pero esperamos que eso ocurra en el marco de las extraordinarias.

El presidente desconoce la desigualdad de género. Ha desmantelado las políticas de género, insulta, destrata y hostiga mujeres. Ahora pretende consolidar una Corte Suprema integrada sólo por varones.

Por esto pedimos al Senado que le ponga límites y especialmente confiamos en las senadoras de las diferentes fuerzas políticas. Trabajamos muchos años desde el movimiento de mujeres y feministas para que ellas estén allí y nos representen, décadas peleando por el cupo y luego por la paridad. Hoy las mujeres en el Senado son el 45,83%. De ellas depende ahora garantizar la paridad en la Corte Suprema de Justicia. No solo que sean 2 mujeres las que se designen, sino también no aprobar pliegos de nadie hasta que se propongan 2 mujeres intachables y con compromiso de derechos humanos y género.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede garantizar la justicia si las mujeres no están representadas entre sus integrantes. Una Corte sin mujeres es una Corte sin justicia.

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