Durante décadas, la vitivinicultura fue una de las pocas actividades económicas en la Argentina capaces de generar empleo, valor agregado, arraigo territorial y cultura productiva en simultáneo. Hoy, después de dos años de políticas deliberadamente destructivas, el sector se desangra frente a la mirada indiferente -o cómplice- del Estado nacional.

Sabemos que había deudas pendientes. Que no todo se resolvió cuando hubo oportunidad. Pero nadie puede decir, con honestidad, que el Estado se desentendió de la suerte del sector. Durante la pandemia se otorgaron ayudas específicas, se respondieron contingencias climáticas con herramientas de emergencia, se canalizaron créditos con tasa subsidiada del FONDEP, se impulsó el turismo enológico, se limitó la importación innecesaria de productos competidores, se apoyó la lucha contra las plagas y se promovió el diseño de políticas orientadas al desarrollo territorial. No fue suficiente, pero fue un inicio de reparación. Lo que vino desde 2023 en adelante fue, en cambio, un proceso inverso: desmantelamiento.

Entre 2022 y 2025, el consumo interno de vino cayó un 9%, las exportaciones retrocedieron casi un 30%, se abandonaron más de 26.000 hectáreas de viñedos, y miles de pequeños productores quedaron atrapados en un sistema sin reglas, sin protección y sin futuro. Todo esto no fue una consecuencia inevitable del "mercado". Fue el resultado de decisiones políticas concretas: desregulación, vaciamiento institucional y retiro absoluto de toda política pública.

Con la excusa de "simplificar trámites", el gobierno nacional desmanteló el control de calidad, eliminó la trazabilidad obligatoria, convirtió los controles presenciales en meras declaraciones juradas digitales y silenció la única estadística oficial confiable del sector: la del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Todo lo que servía para transparentar la cadena y equilibrar fuerzas fue barrido de un plumazo. Todo lo que protegía a los más débiles frente a la concentración fue eliminado con lógica ideológica.

No se trata de una batalla técnica, ni de una discusión sectorial. Lo que está en juego es la supervivencia de miles de familias que viven de la vid. Es la economía de pueblos enteros que dependen de esa producción. Es el futuro de una industria que, a diferencia de otras, no especula: invierte, trabaja, contrata y exporta. ¿Qué clase de país destruye una de sus principales fuentes de arraigo y valor agregado?

Mientras países como Francia, España o Italia destinan fondos millonarios para sostener a sus productores frente a la crisis estructural del consumo, la Argentina abandona a los suyos en nombre del libre mercado. Pero lo que se ha creado no es un mercado libre, sino una selva sin ley, donde gana siempre el que tiene más poder y más espalda financiera.

La vitivinicultura necesita un Estado que no regule por nostalgia, sino que actúe con inteligencia estratégica. Necesita reglas claras, estadísticas públicas, incentivos bien dirigidos y condiciones mínimas de equidad comercial. Y sobre todo, necesita ser defendida con la misma convicción con que hoy está siendo abandonada.

No nos callamos. No naturalizamos el retroceso. Lo que este modelo llama "desregulación", nosotras lo llamamos rendición. Y con nosotras, no cuenten para firmarla.